- Tribunal Electoral avaló que gobiernos y funcionarios promuevan elección judicial.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Con tres votos a favor contra dos, el Tribunal Electoral abrió la puerta para que cualquier funcionario e institución promocione la elección del Poder Judicial.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata argumentaron que al ser una elección inédita, es necesario que más voces provoquen que la ciudadanía salga a votar.
Incluso, la presidenta de la Sala Superior calificó de absurdo que el Instituto Nacional Electoral (INE) se quiera atribuir la facultad exclusiva de promover el proceso electoral.
En contraste, los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora votaron por impedir que servidores públicos se involucren en el proceso, pues consideraron que la promoción no será neutral.
Soto, De la Mata y Fuentes coincidieron con diputados, la Presidencia y gobiernos estatales en que el INE realizó una interpretación errónea de la Constitución y fue desproporcionada, porque no tiene una facultad exclusiva para promover una elección.
De la Mata cuestionó por qué parece tan terrible y odioso que los servidores públicos difundan la elección y llamen a votar.
Argumentó que por el tabú que prevalece sobre que el presidente y otras autoridades se entrometen en los procesos electorales, pues ahora es diferente, porque no compiten los partidos.
“Este tabú no puede ser el que rija una elección tan diferente, participan los Poderes del estado en la conformación de las candidaturas, no participan los partidos. Es una elección diferente con nuevas reglas”, argumentó De la Mata.
“¿Por qué vamos a decidir no sumar, sino aumentar el silencio? Hay una elección nueva. No le estamos dando la vuelta a la Constitución, estamos dando paso y haciendo, dando viabilidad a lo que establece la Constitución”, dijo Soto.
Incluso, la presidenta aseguró que los servidores son ciudadanos, por lo que cuestionó que se les quiera silenciar.
Mientras que Fuentes llamó a los funcionarios a actuar con responsabilidad.
“Queremos una democracia verdaderamente deliberativa, una democracia donde las personas voten con conocimiento de causa, donde el derecho a decidir se ejerza con información y donde las instituciones públicas asuman con responsabilidad su papel como agentes educativos del Estado”, sostuvo Fuentes.
En tanto, Reyes y Otálora señalaron que el Tribunal está obligado a respaldar acciones para que la elección se realice en un contexto de neutralidad.
“Esta prohibición es absoluta y tajante en su literalidad, señalando textualmente que está prohibido el uso de recursos públicos, ya sean estos materiales o humanos, para fines de promoción de un proceso electoral judicial”, justificó Otálora al exponer su proyecto que planteaba mantener la restricción.
Pidió a sus compañeros reflexionar sobre el tiempo de promoción que se observará cuando, acusó sin dar nombres, existen servidores públicos que son candidatos y usan recursos públicos no sólo para promover la elección sino sus candidaturas.
Al no tener mayoría, ambos plantearon que permitieran al INE elaborar nuevos criterios para que fijen reglas más claras sobre la participación de los funcionarios.
“(Dar vía libre a la promoción) puede generar la idea de que los mensajes institucionales tienen la finalidad de impulsar las candidaturas que presentaron.
“De esta manera, el interés directo en la elección de quienes integran estos Poderes vuelve materialmente imposible que puedan tomar una postura absolutamente neutral en los mensajes que hagan sobre la elección judicial”, apuntó Reyes.
