Por KUKULKÁN
MIENTRAS el Senado aplaude reformas para proteger a los mamíferos marinos, en los delfinarios del Caribe los delfines siguen saltando al ritmo de aplausos y tarjetas de crédito. La ley avanza, sí. Pero en tierra, el espectáculo no ha terminado. Porque si algo ha demostrado México, es que la ley puede cambiar, pero los negocios siguen… sobre todo cuando los dueños tienen conexiones de altura y apellidos blindados.
AHÍ ESTÁ Eduardo Albor Villanueva, el rey Midas del cautiverio acuático, convertido en magnate turístico desde que un grupo de inversionistas estadounidenses lo contrató en 1994 para montar un delfinario en Isla Mujeres. Veinticinco años después, dirige un emporio con tentáculos —perdón, sucursales— en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia. Y todo gracias a su habilidad para convertir la explotación animal en un producto premium con foto incluida.
SU EMPRESA, The Dolphin Company (antes Dolphin Discovery), no es sólo una cadena de parques con delfines. Es una máquina de hacer dinero, lubricada con alianzas estratégicas que huelen a suite de hotel cinco estrellas: Alejandro Zozaya (AMResorts), José Chapur (Palace Resorts), Abel Matutes (Hoteles Sirenis)… puro peso pesado de la industria. Juntos han vendido una experiencia de “conexión con la naturaleza” que empieza con una sonrisa de delfín y termina con una carga a la tarjeta por 120 dólares.
¿EL BIENESTAR animal? Ahí vemos. Hay reportes de alimentación deficiente, encierro en estanques de concreto, estrés crónico y muerte prematura. Pero el negocio sigue. La ley mexicana prohíbe desde 2017 este tipo de espectáculos en la Ciudad de México y desde 2023 el Senado avanza con una reforma nacional. ¿Y los delfinarios? Ahí están, frescos como delfines en hielo. Y mientras la industria recauda más de 100 millones de pesos anuales sólo en Quintana Roo, el número de sanciones por maltrato animal es exactamente igual al número de delfines que han escapado de estos tanques: cero.
PERO no todo es aplauso y postal. Eduardo Albor tiene sus esqueletos, o mejor dicho, sus delfines en el clóset. Ha sido señalado por crear empresas en paraísos fiscales como Islas Caimán y Barbados. Y no han faltado las denuncias por despojos, destrucción ambiental y privatización de playas. Su nombre ha aparecido en conflictos legales con fondos internacionales como Leisure Investments, tras una crisis financiera que dejó a The Dolphin Company con deudas por más de 200 millones de dólares. Pero ahí sigue, firme, con trajes de lino y discursos de conservación.
POR SI FUERA poco, no ha faltado quien le rinda honores. Newsweek lo premió por “reactivar” el Caribe Mexicano tras la pandemia. Ha sido cónsul honorario de Rumania (porque claro, si eres millonario, también puedes ser diplomático), presidente de fundaciones y figura de referencia en la Asociación Internacional de Parques de Diversiones. El show está tan bien armado que hasta la moral parece parte del guion. Y no está solo. Delphinus, la competencia directa, es parte de Grupo Xcaret, de Miguel Quintana Pali y los hermanos Constandse Madrazo. En Vallarta Adventures manda Enrique Ricardo Farkas Kirschner. Todos con sonrisas de catálogo, todos vendiendo “educación ambiental” mientras un delfín da vueltas sin saber si es martes o domingo.
AHORA el Congreso quiere ponerles freno. La reforma aprobada por el Senado —que aún debe pasar por Diputados— prohíbe usar mamíferos marinos en espectáculos y su reproducción en cautiverio. Se permite sólo para fines científicos, educativos o de conservación. La pregunta es si esta vez el cambio será real. Si los aplausos en el Senado se traducirán en cancelaciones, clausuras y rehabilitaciones. Porque hasta ahora, los delfines siguen saltando, los turistas siguen riendo… y Eduardo Albor sigue cobrando.
