- Esta semana se realizó el foro ‘El Pueblo Decide’, convocado por el senador Eugenio Segura.
RAQUEL FIERRO SYMONDS
COZUMEL, Q. ROO.- La ‘Isla de las Golondrinas’ vive hoy una encrucijada incómoda. Por un lado, la promesa de crecimiento económico con un cuarto muelle para cruceros, impulsado con entusiasmo por la iniciativa privada y respaldado por autorizaciones federales. Por otro, el arrecife Villa Blanca, parte viva del Arrecife Mesoamericano, con su frágil biodiversidad amenazada y una comunidad que ya no está dispuesta a quedarse callada.
El conflicto no es nuevo, pero ha alcanzado un punto de ebullición con el inicio de un procedimiento de revisión legal por parte de la Semarnat, impulsado por la presión ciudadana.
El proyecto del llamado “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros” lo promueve la empresa yucateca Muelles del Caribe, con una inversión de 2,000 millones de pesos. El nuevo muelle, de 800 metros de largo, está diseñado para recibir embarcaciones de gran calado.
Sus impulsores aseguran que generará al menos 200 empleos directos, además de fortalecer la posición de Cozumel como uno de los puertos más activos del mundo: en 2024, la isla recibió más de 4.6 millones de pasajeros. Pero no todos ven ese dato como sinónimo de éxito.
Frente al entusiasmo económico, los ambientalistas y gran parte de la sociedad civil local han alzado la voz. No se trata, dicen, de oponerse al desarrollo, sino de cuestionar un modelo que sigue apostando por el turismo masivo aunque el entorno natural ya muestra signos de colapso.
En Villa Blanca, el arrecife frente al cual se levantaría el cuarto muelle, habitan 20 especies marinas, dos de ellas en peligro de extinción. En 2018, la mitad de los corales fueron devastados por el Síndrome Blanco, y cualquier intervención adicional podría agravar aún más el deterioro.
La resistencia ciudadana tomó forma esta semana con el foro “El Pueblo Decide”, convocado por el senador Gino Segura. No fue una protesta más, sino un encuentro con argumentos técnicos, jurídicos y testimonios comunitarios que buscan construir un expediente colectivo para solicitar formalmente la cancelación del proyecto.
La participación fue masiva, y lo que ahí se firmó no fueron simples hojas: fue una Carta Ciudadana que dejará constancia legal del rechazo al cuarto muelle.
En ese foro, se delineó la estrategia para presentar el recurso de revisión ante la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual aprobó el proyecto en 2021 aunque el pasado 18 de junio se vio obligada a aperturar un procedimiento administrativo para revisar su propia autorización. Una decisión poco común en el ámbito ambiental federal, y que refleja la presión social creciente y bien articulada.
Más allá del discurso técnico, en Cozumel se está librando un debate de fondo: ¿es viable seguir ampliando infraestructuras turísticas sin revisar su impacto ecológico? ¿Cuánto desarrollo necesita una isla que ya recibe más turistas de los que puede absorber sin alterar su equilibrio natural? Para los promotores del proyecto, más cruceros significan más ingresos. Para muchos habitantes, significan más riesgo, más presión sobre los servicios locales, más afectaciones al mar.
Los próximos foros ciudadanos, como el del 6 de julio, buscan no sólo frenar el muelle, sino plantear alternativas. Un turismo que valore el arrecife no como un obstáculo al desarrollo, sino como el recurso que lo sustenta. En Cozumel, cada decisión de infraestructura es también una decisión sobre el futuro de su comunidad, su economía y su relación con el mar, se concluyó en el foro.
