Zósimo Camacho
En México, el sistema penitenciario enfrenta una crisis humanitaria que exige atención inmediata. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y las organizaciones de la Alerta Temprana Red (AT-R) emitieron el pasado 16 de julio un llamado urgente a las autoridades federales -que incluye a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; al secretario de Salud, David Kershenobich, y a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, entre otras- para garantizar derechos básicos en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
La petición no es retórica. Se fundamenta en la documentación que, por décadas, estas organizaciones han integrado sobre violaciones sistemáticas a derechos, como la salud, la alimentación, el agua potable, las visitas familiares y el acceso a precios justos en las tiendas penitenciarias.
Viejas inercias no se han erradicado. Reclusos y sus familias esperan que la 4T aborde el sistema penitenciario y, además de intensificar la liberación de las personas injustamente presas, construya un nuevo modelo: humanista y que realmente busque la reintegración de las personas a la sociedad. Y donde los jueces de ejecución de sanciones penales estén a la altura. Hoy, estos jueces resultan parte del problema penitenciario.
Salud, negligencia criminal
La Constitución mexicana (en sus artículos Primero, Cuarto y 18) y tratados internacionales obligan al Estado a garantizar atención médica integral a las personas privadas de libertad. Sin embargo, la realidad es distinta.
En los Ceferesos la negligencia es sistemática. El derecho a la salud no existe. Los reclusos enfrentan desabasto de medicamentos, falta de especialistas y diagnósticos tardíos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado que omitir el suministro de tratamientos constituye una violación a derechos humanos (Jurisprudencia 2027440).
Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal y la NOM-168-SSA1-1998 exigen expedientes clínicos completos y gratuitos, muchos internos mueren por enfermedades tratables. El convenio de 2024 entre la CNDH y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) para prevenir estas violaciones sigue siendo letra muerta.
Entre las propuestas, el documento considera que el Sistema Nacional de Salud es el que debe hacerse cargo de la atención médica en los Ceferesos -y no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)-, reubicar a pacientes críticos en hospitales especializados y aprovechar a reclusos con formación médica para apoyar en las cárceles.
Hambre y sed: doble pena extra
Mientras que el Artículo Cuarto Constitucional garantiza una alimentación nutritiva y agua potable, los alimentos en los Ceferesos suelen ser escasos, de mala calidad y, con frecuencia, preparados en condiciones insalubres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado que esto puede equivaler a trato cruel (Convención Americana, artículos 11.2 y 26).
El agua generalmente está contaminada. La falta de acceso a agua potable (mínimo 15 litros diarios por persona) agrava riesgos de enfermedades. El Estado incumple estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por ello, se propone implementar sistemas de tratamiento de agua y auditorías independientes sobre la calidad de los alimentos, con sanciones a funcionarios omisos.
Visitas familiares: ¿castigo adicional?
Las visitas son un derecho humano y un pilar para la reinserción social, garantizadas en el Artículo 18 Constitucional. Sin embargo, son cotidianas las prohibiciones arbitrarias. Se niegan visitas por pretextos como “ropa inadecuada” o falsos positivos en “pruebas” antidrogas con aparatos cuya fiabilidad científica es del 50 por ciento.
El daño no sólo es para los internos que requieren de las visitas de sus familias, sino para las familias en su conjunto, pues gastan recursos en viajes para luego ser rechazadas, con lo que se fracturan vínculos esenciales. Entre las propuestas figuran: establecer protocolos claros y alternativas como videollamadas cuando las visitas presenciales sean denegadas.
Tiendas carcelarias: abuso económico
Los precios en las tiendas de los Ceferesos superan hasta en 300 por ciento los del mercado. Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) -el organismo de la SSPC que administra los Ceferesos- firmaron un convenio para regularlos, éste permite márgenes de ganancia del 10 por ciento sobre precios máximos externos, lo que perpetúa la injusticia y la discriminación.
Entre las propuestas se encuentra la de revisar el convenio con la Profeco, eliminar sobreprecios y facilitar depósitos económicos a través del Banco del Bienestar.
Maldonado Topete
En México operan 18 Ceferesos y un Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi). Según el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en las 19 prisiones federales están recluidos 33 mil 024 personas tanto con sentencia como sin ella.
La ausencia de derechos se ceba sobre personas con nombre, apellido, rostro, historia. Hoy Jesús Primitivo Maldonado Topete vive una tortura intramuros en el Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS Guanajuato. En los hechos, padece una “pena trascendental”: aquella que, más allá de la privación de libertad, castiga con tortura por omisión.
Otra alerta urgente de la Limeddh y la AT-R, emitida el 22 de julio pasado, recoge el testimonio de Rebeca Topete Cuevas, quien visitó a su hijo el día 21. Lo encontró con pies y abdomen hinchados, dolor articular, pérdida de peso extrema y sin acceso a medicamentos. Aunque Rebeca llevó expedientes médicos, amparos y alertas, las autoridades se lavaron las manos. Ella misma ofreció comprar los medicamentos para su hijo y no se lo permitieron. Salió llorando, devastada, al ver que su hijo se apaga sin poder hacer nada.
Dos semanas después Jesús Primitivo comenzó a recibir su tratamiento. Con la dilación, el Cefereso 12 violó la Ley Nacional de Ejecución Penal y las Reglas Mandela, que exigen servicios médicos gratuitos y especializados. No basta con tener un módulo de salud; si no hay medicamentos o diagnósticos oportunos, se configura negligencia institucional.
La pena contra Maldonado Topete se amplifica hacia su familia. Rebeca Topete es más que un daño colateral. Es una madre rota. Lucha por su hijo y libra una batalla contra un sistema diseñado para desgastar. Sus crisis de hipertensión, ansiedad y depresión son síntomas de un Estado que le falla a la sociedad. “Llamo a las instituciones y nadie contesta”, repite. Su caso evidencia que las víctimas del encierro no son solo los presos, sino sus familias.
Jesús Primitivo Maldonado Topete es un preso del fuero común que se encuentra en un penal federal. Ha sido trasladado en cinco ocasiones. En el penal de Miahuatlán contrajo una infección hepática. La falta de tratamiento adecuado derivó en cirrosis y hoy padece síndrome de inmovilidad. No puede valerse por sí mismo.
Las cárceles son un termómetro de la democracia. Si el Estado mexicano no actúa, estará violando compromisos internacionales, como las Reglas Nelson Mandela, y profundizará ciclos de violencia y exclusión social.
Las autoridades tienen la oportunidad -y la obligación- de transformar este sistema. La coordinación interinstitucional y la voluntad política son urgentes. Son necesarias las reformas legales, pero también las acciones concretas. Ningún ser humano, aunque esté tras las rejas, debe ser tratado como si no lo fuera.
