- Una Jueza federal vinculó a proceso a un ex alto funcionario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y siete de sus colaboradores.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una Jueza federal vinculó a proceso a un ex alto funcionario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y siete de sus colaboradores por presuntamente dictar un laudo fraudulento que tuvo como consecuencia un daño de 16.7 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Patricia Sánchez Nava, Jueza de control del centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a José Cruz Franco Mendoza, hasta el año pasado presidente de la Junta Número 4 de la JFCA, y a sus ex subordinados por delitos contra la administración de justicia, sin imponerles medidas cautelares.
La juzgadora consideró que los imputados fueron parte de un “plan delictivo” para validar una demanda laboral fraudulenta que obligó al ISSSTE a pagarle a dos de sus trabajadores las prestaciones de nivelación salarial y la incapacidad permanente por un accidente automovilístico que no ocurrió.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Christian Ibarra Martínez y Ana Gabriela Rodríguez Margarito son los empleados que ganaron esta demanda presentada con base en hechos falsos y engaños.
Además de Franco Mendoza, fueron procesados Rosa Tapia Nieto, representante de los trabajadores en la Junta; Moisés Islas Ruiz, representante de los patrones, y Raúl Escobedo Pérez, quien renunció como auxiliar de la Junta Especial.
También Ana María Guadalupe Villegas Villegas, auxiliar de Junta Especial, y Julio Sereno Celaya, secretario de acuerdos, así como María Nohemí Aline Herrera Gutiérrez y Armando Velázquez González, ambos actuarios judiciales.
Salvo Franco y Escobedo, todos los demás son servidores públicos que continúan laborando en la JFCA.
De acuerdo con funcionarios ministeriales, esta es la primera vez que son procesados servidores públicos en activo de la JFCA, organismo adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
EL ENGAÑO
Según información del caso, el 21 de junio de 2022 la Junta Número 4 de la JFCA admitió una demanda en la que los trabajadores Olga Juana Cortez Ramírez, Christian Ibarra Martínez y Ana Gabriela Rodríguez Margarito reclamaron distintas plazas y el reajuste salarial.
La FEMCC afirmó que prácticamente todas las actuaciones de este procedimiento fueron fraudulentas.
De inicio, Ibarra nunca le dio una carta poder al abogado para que lo representara y aún así se dio trámite a la demanda, cuando la Junta debió requerir al trabajador o desechar su recurso por falta de representación.
El ISSSTE tampoco fue notificado de la demanda y, de hecho, tuvo conocimiento de ella hasta que Banca Afirme le informó que una de sus cuentas bancarias había sido embargada y el caso ya estaba perdido.
El 6 de octubre de 2022 los apoderados legales de Ibarra y Rodríguez ampliaron la demanda y cambiaron la plaza originalmente solicitada, reclamando otra que implicaba un reajuste más alto de salario, aguinaldo, prima vacacional y horas extras.
En esta ocasión, en nombre de ambos trabajadores, también demandaron la pensión de invalidez por enfermedades profesionales, alegando que el 6 de julio de 2021 sufrieron un accidente vial en Parque Lira, Alcaldía Miguel Hidalgo.
Lo extraño es que ambos reportaron exactamente los mismos daños: secuelas postraumáticas de la columna lumbar y cervicales que requerían el uso de aparatos ortopédicos para caminar y pérdida del 60 por ciento de la vista.
