- El ejercicio de consulta de la reforma electoral que ha propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum puede derivar en una simulación.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El ejercicio de consulta de la reforma electoral que ha propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum puede derivar en una simulación, debido a la integración de la comisión que analizará propuestas, temas de discusión y objetivos que se busca alcanzar, advirtió el Laboratorio Electoral.
Al fijar una primera postura respecto del decreto presidencial que crea la Comisión para la Reforma Electoral, la organización reconoció que es un avance que se haya considerado su conformación, pero al mismo tiempo expuso diversos focos rojos.
Uno de ellos, señaló, es la incorporación de personas no expertas en el tema electoral, pero todas integradas al Gobierno.
“Esta estructura podrá convertir el esfuerzo en una simulación, al advertirse una fachada de apertura a voces expertas, disidentes o no, pero brindando control de la agenda, el debate público de los estudios y la decisión final a la comisión gubernamental.
“Esto puede no verse como una omisión, sino como la estrategia calculada desde el poder para acotar al debate público, centralizando la toma de decisiones y deslegitimado a cualquier voz opositora, académicos, de grupos de expertos independientes que no se encuentren alineados a los resultados de la comisión”, señaló el Laboratorio Electoral.
Remarcó que los integrantes de la Comisión designados por la presidenta son perfiles leales y están por encima de personas que hayan demostrado conocimiento o experiencia en la materia.
“Esto lo convierte en un espacio que no posee una cualidad de neutralidad para el debate técnico, sino que se asemeja más a un instrumento para la ejecución de un plan político predefinido, lo que parece demostrar que la reforma no nace como un proceso de perfeccionamiento institucional, sino como la consolidación de un proyecto de gobierno”.
También mencionó que para una reforma electoral de gran envergadura, la arena natural del debate político tendría que ser el Legislativo, con la participación de todas las fuerzas políticas representadas.
“Se trata de una comisión creada desde el Gobierno con perfiles afines y con escasa o nula experiencia en la materia electoral, la cual además carece de propósitos claros y definidos”, subraya el posicionamiento.
Destacó que la decisión de crear la comisión parte de la premisa de una evidente transformación en el país, en la que el protagonista es el pueblo, y que para su efectividad se requiere de una serie de reformas constitucionales, principalmente con el objeto de reconocer nuevos derechos sociopolíticos, como la participación ciudadana en la elección de personas juzgadoras.
Sin embargo, resaltó, la propuesta se distancia de la inercia con la que se discutían reformas de consenso.
“Su motivación y la estructura que conforma su composición revelan una estrategia política que viene desde el sexenio exterior y que se aleja de los consensos”.
La justificación de las reformas electorales no se basan en corregir una falla sistémica ni la resolución de una crisis que aqueje a la dinámica electoral. Se busca, advirtió, la validación popular de un proyecto político en el que no hay cabida para la oposición y la disidencia.
“El argumento central es que la reforma es necesaria para la congruencia con la situación política que impera en la actualidad y para cumplir con un supuesto mandato programático expresado por la mayoría del pueblo.
“A partir de este enfoque se legitima la acción unilateral de convertir uno de los temas de la agenda pública en una prioridad democrática imperativa, contrastando, como se mencionó anteriormente, con la inercia de que las reformas se posicionaban en el Legislativo y la participación de las instituciones autónomas, a manera de contrapesos del poder”, señaló.
De acuerdo con el Laboratorio, si bien el propio decreto determina que la comisión podría invitar a representantes de otras dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas, organismos autónomos, academia y la sociedad civil, la participación de estas se limitará a tener voz, más no voto en las decisiones del colegiado.
La comisión, presidida por Pablo Gómez, ex titular de la UIF, está integrada además por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; José Merino, de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera Jurídica, y Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia.
Además de Jesús Ramírez, coordinador de Asesores, y Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno.
