José Luis Carrillo Ramos
A muchos de nosotros nos sigue llamando la atención ver nuevas caravanas de migrantes que salen desde la frontera sur, a pesar del freno total y las persecuciones contra todo lo que “huela o parezca” ilegal; acciones prometidas y cumplidas por el presidente Donald John Trump.
¿A qué se aferran estos seres humanos, una vez que está demostrado que no existe posibilidad alguna de ser admitidos en los Estados Unidos de América?
¿O será que ya hay mafias que ahora les venden “espejitos”, pero con la marca México?
¿Han dejado de lado el “Sueño Americano” para transformarlo en un “Sueño Mexicano”?
En el noreste del país no es ningún secreto que varios centenares de hondureños y haitianos han buscado, de diferentes maneras, ser admitidos legalmente en Monterrey, Nuevo León, con resultados parciales hasta el momento.
Todos sabemos que migrar desde los países de origen no es nada barato. Expertos en el tema confirman que, por ejemplo, un cubano que busque entrar a Estados Unidos por territorio continental lo hace normalmente volando a Nicaragua y, desde ahí, emprendiendo el camino hacia México. El costo aproximado por persona es de 300 mil pesos, incluyendo el pago desde la salida de Cuba, el ingreso al aeropuerto de Nicaragua, el paso por Migración en México, las “aportaciones” a uniformados de todos los colores y a “polleros”, hasta llegar a Monterrey o Reynosa.
Esto, claro, si el migrante tiene la fortuna de no ser secuestrado por el crimen organizado, lo que puede duplicar el costo o, en el peor de los casos, costarle la vida.
Históricamente, Nuevo León era una “ruta de paso” y no un “destino” hacia Estados Unidos, lo que le otorgaba, junto con otros estados vecinos, una relativa tranquilidad y un bajo interés en el fenómeno migratorio. Sin embargo, esta realidad ha cambiado: la migración ha llegado para quedarse.
Las pequeñas y poco eficientes delegaciones de Migración en los estados fronterizos confirman la poca seriedad con la que todos los niveles de gobierno han tratado esta crisis humanitaria, especialmente desde que en 2019 el gobierno estadounidense obligó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a contener miles de migrantes, con consecuencias trágicas como el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Atender el tema migratorio solo desde una óptica política provocó una severa crisis con desórdenes administrativos y legales, así como una ausencia total de infraestructura, logística y presupuesto. Lo que fue un problema emergente, se ha convertido en permanente.
Tan solo en el área metropolitana de Monterrey existe actualmente una “población flotante” superior a 50 mil migrantes, con una gran diversidad religiosa, cultural y educativa. El destino ha alcanzado a México: muchos migrantes ya no buscan vivir en Estados Unidos. Algunos han conocido México, les ha gustado y han decidido quedarse de forma permanente.
Lamentablemente, no vemos a ningún gobernador de los 32 estados ni a ninguno de los 2,478 presidentes municipales prepararse para lo que viene. Nadie parece capaz de promover esquemas productivos y de prevención social; se continúa con una política asistencialista, costosa e incapaz de atender el problema desde su origen y hasta su destino final.
Es un serio recordatorio para Nuevo León, los estados de la frontera norte y también para entidades como Quintana Roo, Jalisco, Querétaro y Veracruz, que por su notable desarrollo económico se han convertido en “imanes” para migrantes que huyen de la pobreza y buscan, con todo derecho, salir adelante.
¿Estaremos la sociedad y los gobiernos preparados?
