Zósimo Camacho
Mientras el discurso oficial presume Planes de Justicia para los pueblos indígenas de México, la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, litiga contra la comunidad Wixárika y defiende abiertamente, para trasnacionales, 44 concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta. Ahí miles de hectáreas fueron otorgadas sin consultar a los wixaritari –y sin su consentimiento– para la extracción de minerales. Tales concesiones, en efecto, datan del periodo neoliberal, ese que –se insiste– ya quedó atrás.
Un día se habla de reparación histórica, se recibe en el Palacio Nacional a representantes indígenas para decirles que en la Constitución los pueblos, tribus y naciones originarias que habitan México son ya sujetos de derecho… Y al siguiente, se descubre que una Secretaría de Estado impugna una sentencia judicial que ordenaba dejar sin efecto concesiones a todas luces depredadoras de territorios y derechos indígenas. ¿Pesan más las fotos en Palacio Nacional con humo de copal que la andanada judicial silenciosa de la Secretaría de Economía?
Cambiémosla Ya. No a la Ley Minera, una coordinación de organizaciones comunitarias, defensoras del territorio y sociedad civil con más de 30 años de lucha, tiene una evaluación de la dependencia federal: “se ha caracterizado por hacer una defensa férrea de los intereses de las empresas mineras y se ha olvidado de garantizar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas y la protección del medio ambiente”.
La reciente impugnación de la sentencia que mandata dejar sin efecto las 44 concesiones en territorio Wixárika –dada a conocer por la reportera Estela Ambriz en Astrolabio, con los documentos oficiales del litigio, expediente 1701/70873– no es, sin embargo, un desliz o un caso aislado. Es la posición de toda una Secretaría que parece ir en sentido contrario no sólo de las declaraciones de la titular del Ejecutivo, sino que socaba los modestos esfuerzos del sexenio anterior para poner un coto a la minería trasnacional.
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La Secretaría de Economía lleva más de tres años incumpliendo su obligación de expedir el reglamento de la Ley de Minería, aprobada en mayo de 2023. Tal omisión permite que la autoridad “interprete” la legislación y permita que se sigan vulnerando derechos de forma sistemática. Mientras tanto, el secretario Ebrard y su equipo –con el papel protagónico de Fernando Aboitiz, ex panista y titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas (UCAE)– han acelerado la expedición de permisos mineros y se han comprometido con la industria para impulsar la exploración y explotación a gran escala en el país.
La promesa de campaña de prohibir la minería a cielo abierto quedó guardada en algún cajón. El ambientalismo de esta administración, tantas veces pregonado, se desvanece frente a la aceleración de permisos. Y la reforma de la Ley de Minería de 2023, que estableció la obligación de consultar y obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas antes de asignar una nueva concesión, es letra muerta en la práctica: ninguna de las más de 65 mil concesiones mineras otorgadas desde 1992 por la Secretaría de Economía fue consultada con los dueños de la tierra. Ni siquiera fueron notificados.
El caso de Fernando Aboitiz merece atención especial. Este funcionario, de origen panista, no sólo ha sido el rostro visible de la aceleración de permisos; también afirmó que la propuesta de acuerdos sobre minerales críticos entre México y Estados Unidos fue elaborada junto con la Cámara Minera de México (Camimex). Se trata del Plan de Acción sobre Minerales Críticos, del que a la fecha no hay información pública, y que contempla, entre otras cosas, proveer precios mínimos de los minerales y el suministro preferente a Estados Unidos, así como intercambiar información sobre la ubicación de posibles yacimientos de minerales críticos.
Las puertas de la Secretaría de Economía se cierran a la participación ciudadana y de las comunidades en la elaboración de los instrumentos de política pública que repercuten directamente en los territorios que habitan y en sus actividades productivas –agricultura, ganadería, ecoturismo, pesca–. En cambio, se abren de par en par para los representantes de la industria minera, quienes hasta presumen en distintos medios los compromisos de funcionarios de la dependencia para impulsar procesos que les devuelvan facultades de exploración y para ampliar sus concesiones mineras.
Actualmente, el Servicio Geológico Mexicano es el único facultado para hacer exploración minera. Pretender impulsarla a “mayor escala” –como anuncio el propio Ebrard– implica regresar al camino del extractivismo neoliberal que tanto se criticó y devolver el control de esta actividad a los grandes capitales. ¿Acaso pretende la Secretaría de Economía revertir la Ley de Minería de 2023? ¿O nada más darle la vuelta? Las prácticas que buscan desregular sectores estratégicos para el país, como la minería, van en sentido totalmente opuesto a la consigna de dejar atrás el modelo neoliberal y a la promesa de “primero los pobres”.
El contexto es aún más grave si se considera lo ocurrido a lo largo del año pasado. Este mismo espacio documentó cómo la administración federal liberó permisos ambientales y de agua que habían mantenido detenidos 176 proyectos mineros, con una inyección de más de 11 mil millones de dólares en Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Durango.
Zacatecas, con proyectos como San Nicolás –1 mil 100 millones de dólares– y la extensión de Camino Rojo, consolidó una dependencia monstruosa: casi el 24 por ciento de su producto interno bruto (PIB) depende de una industria voraz en agua y generadora de pasivos ambientales eternos. Sonora, donde el sector aporta más del 22 por ciento del PIB, anunció la construcción de El Tigre y tiene 83 proyectos en exploración y expansión, en un estado traumatizado por derrames tóxicos sin remediar. Chihuahua habla de 3 mil 600 millones de dólares en proyectos, con el argumento oficial de que sin minería “sería muy complejo elevar el perfil económico de esas comunidades”, ese discurso colonial del siglo XXI que presenta la destrucción del territorio como el camino hacia el “desarrollo”.
Detrás de cada proyecto hay concesiones sobre acuíferos en regiones con estrés hídrico severo, ecosistemas frágiles a punto de ser dinamitados y comunidades divididas y presionadas por la promesa de empleos efímeros a cambio de un daño permanente. Mientras tanto, en medios los empresarios insisten en que la autoridad debe dar “certeza jurídica” a las inversiones.
Esa certeza es exclusiva para el capital. ¿Dónde está la certeza para las comunidades que verán secar sus pozos? ¿Dónde está la certeza ambiental frente a los jales mineros que serán un legado tóxico por siglos?
La “reactivación” de la que se ufana la Secretaría de Economía no viene acompañada de un fortalecimiento paralelo de la vigilancia, la remediación o el respeto a la consulta libre, previa e informada. El sexenio pasado intentó, con modestia realmente, poner limitantes. Hoy, los 11 mil millones de dólares –unos 200 mil millones de pesos– en inversión no son un triunfo, sino la cotización en bolsa de la soberanía ambiental y social mexicana. Se están liberando permisos, pero se está encadenando el futuro de estas regiones a un modelo extractivo que históricamente ha significado riqueza para unos cuantos y desolación para muchos.
La Secretaría de Economía, con Ebrard a la cabeza y Aboitiz como operador, parece haber elegido el camino de litigar contra los pueblos indígenas, impugnar sentencias que protegen territorios sagrados y acelerar permisos, mientras se reserva la expedición del reglamento que haga aplicable la ley. En los hechos, se asume como la oficina de representación de la industria minera en el segundo piso de la 4T.
