Justicia social, reto pendiente de la nueva Corte

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  • El ministro Irving Espinosa Betanzo plantea que las sentencias respondan a problemas reales de la población. Los derechos indígenas, la privacidad de los usuarios de telefonía y la protección de la biodiversidad figuran entre los asuntos que han marcado la agenda del tribunal.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el derecho de una comunidad indígena a participar en decisiones que afectan su territorio hasta la posibilidad de que las autoridades conozcan la ubicación de un teléfono celular, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta controversias cuyas consecuencias van más allá de los tribunales y alcanzan directamente la vida cotidiana de la población.

Estos asuntos reflejan uno de los principales desafíos de la actual integración del máximo tribunal: emitir sentencias que respondan a los problemas sociales del país sin perder el rigor jurídico, sostuvo el ministro Irving Espinosa Betanzo durante su participación en el Congreso Nacional 2026 de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Ante especialistas y profesionales del derecho, el ministro identificó cuatro retos para la Corte: la falta de precedentes aplicables a determinadas controversias, la existencia de criterios judiciales dispersos, el impacto de las resoluciones en la población y la aparición de fenómenos sociales que rebasan las respuestas jurídicas tradicionales.

Su planteamiento se produce cuando la nueva integración del tribunal, que comenzó funciones en septiembre de 2025, acumula una nutrida agenda de resoluciones sobre derechos colectivos, seguridad, privacidad y acceso a la justicia, al tiempo que mantiene pendientes asuntos relacionados con comunidades indígenas y protección ambiental.

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Entre los ejemplos de la actividad reciente del tribunal figura una resolución de septiembre de 2026, relacionada con la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en Zitácuaro, Michoacán.

En este asunto, la Suprema Corte reconoció el derecho de la comunidad a participar como tercera interesada en controversias constitucionales que pudieran afectar sus derechos, particularmente en cuestiones relacionadas con la consulta previa y el autogobierno indígena. La decisión permitió que la comunidad tuviera intervención formal en procedimientos judiciales vinculados con sus intereses colectivos.

Otro ejemplo corresponde a la resolución del 17 de noviembre, cuando el Pleno validó diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligan a las compañías telefónicas a conservar registros de comunicaciones y colaborar con autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Al resolver el amparo en revisión 193/2026, la Corte distinguió entre la conservación de datos técnicos y el acceso a su contenido, además de establecer que la consulta de determinados registros requiere autorización judicial federal.

La resolución también respaldó la geolocalización de teléfonos celulares en tiempo real, sujeta a los requisitos constitucionales y legales aplicables. El fallo mostró la complejidad de conciliar las herramientas tecnológicas utilizadas en investigaciones de delitos con los derechos a la privacidad y protección de datos personales.

Estos casos ilustran el alcance social de las controversias que llegan al máximo tribunal, aunque sus resultados deben analizarse individualmente y no permiten afirmar, por sí solos, que todos los problemas de acceso a la justicia hayan sido resueltos.

LA ABEJA MAYA, UN CASO PENDIENTE

Durante su intervención, Espinosa Betanzo destacó un asunto relacionado con la protección de la abeja melipona, conocida como abeja sagrada maya, en Hopelchén, Campeche. La especie forma parte de prácticas tradicionales de las comunidades mayas y su conservación está vinculada con conocimientos transmitidos entre generaciones, actividades productivas y el patrimonio biocultural de la región.

El ministro explicó que la Suprema Corte decidió atraer la controversia debido a que plantea problemas que no pueden examinarse únicamente desde la protección de una especie animal. También involucra las relaciones entre biodiversidad, identidad cultural y derechos de las comunidades que históricamente han desarrollado prácticas de crianza y aprovechamiento de estas abejas.

El expediente representa un ejemplo del tipo de asuntos que, de acuerdo con el ministro, exigen respuestas jurídicas capaces de considerar las condiciones sociales y culturales de las personas involucradas. No obstante, Espinosa Betanzo aclaró que la Corte todavía no ha resuelto el fondo de la controversia.

Por ello, la atracción del caso no significa que el máximo tribunal ya haya reconocido una vulneración de derechos ni que haya ordenado medidas definitivas de protección para la melipona.

CUATRO DESAFÍOS PARA LAS SENTENCIAS

Durante la ponencia titulada “Sentencias relevantes en el primer año de la nueva SCJN”, el ministro sostuvo que las controversias actuales obligan al tribunal a revisar la manera en que utiliza sus precedentes y construye nuevos criterios.

Uno de los problemas identificados es la ausencia de resoluciones anteriores que permitan responder directamente a conflictos relacionados con nuevas tecnologías, transformaciones sociales o formas particulares de organización comunitaria.

Otro desafío es la dispersión de criterios entre órganos judiciales, que puede provocar respuestas distintas frente a problemas jurídicos semejantes.

Espinosa Betanzo también destacó la necesidad de considerar el impacto de las sentencias sobre las personas y no limitar el análisis a sus consecuencias estrictamente procesales. A estos factores añadió la aparición de fenómenos sociales que requieren soluciones distintas de las utilizadas tradicionalmente por los tribunales.

Su planteamiento apunta a que la Suprema Corte no sólo determine quién tiene la razón en una controversia, sino que examine las condiciones que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos por la Constitución.

DERECHOS QUE PUEDAN EJERCERSE

En el encuentro, celebrado con motivo del 35 aniversario de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Espinosa Betanzo recuperó el pensamiento del filósofo Enrique Dussel para destacar la importancia de construir una tradición jurídica vinculada con la historia y las experiencias de los pueblos de México.

Señaló que la Constitución de 1917 no se limita a establecer la organización del poder político, sino que también contiene un proyecto social orientado a enfrentar desigualdades históricas.

Desde esa perspectiva, afirmó que reconocer jurídicamente la libertad y otros derechos no resulta suficiente cuando las personas carecen de las condiciones materiales para ejercerlos.

La postura del ministro coloca el debate sobre el desempeño de la nueva Corte en un terreno que va más allá del número de asuntos resueltos: la capacidad de sus sentencias para producir efectos concretos en la protección de derechos.

Sin embargo, el alcance real de esas decisiones dependerá también de su cumplimiento por las autoridades y de las condiciones en que las personas puedan hacer valer las resoluciones judiciales.

Espinosa Betanzo enfatizó que el compromiso de la actual integración es consolidar una Suprema Corte abierta a las demandas sociales y capaz de ofrecer respuestas jurídicas a problemas que afectan directamente a la población.

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