Zósimo Camacho
El flamante Poder Judicial de la Federación tiene ante sí la oportunidad histórica de demostrar que erradicará el racismo estructural de sus instituciones y que está decidido a impartir justicia para los pueblos indígenas con equidad y perspectiva intercultural. Aquí, una de las primeras pruebas para uno de los Poderes de la Unión que ahora encabeza Hugo Aguilar Ortiz, el abogado ñuu savi que aseguró que abriría las puertas de la Corte al pueblo, en especial a aquellos a quienes les ha sido negada la justicia.
Por su parte, el Ejecutivo federal se encuentra también ante la posibilidad de demostrar que quiere construir con los pueblos, tribus y naciones originarias una relación basada en el respeto genuino, lejos del clientelismo político, y donde el reconocimiento de derechos sea pleno: sin condicionamientos y sin exigir adhesión o sumisión a cambio.
Este caso no sólo define el futuro de cinco hombres injustamente privados de su libertad, sino que sienta un precedente sobre el tipo de país que puede erigirse: uno que honre su diversidad cultural y garantice justicia para todas las personas, sin excepción.
En el corazón de las montañas de Chiapas, hoy la lucha por la tierra y la dignidad indígena se escribe con nombres concretos: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. Estos cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc llevan más de tres años encarcelados por un crimen que no cometieron, víctimas de un sistema que criminaliza la defensa del territorio y los derechos humanos.
La reciente Opinión 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicada en mayo de 2025, confirma la arbitrariedad de la detención de los indígenas chiapanecos. También expone un patrón histórico y sistemático de represión contra pueblos originarios insumisos que no se ha desmontado.
El caso de los cinco de Cancuc es, asimismo, un ejemplo emblemático de la fabricación de culpables. Detenidos en mayo de 2022 tras la muerte de un policía municipal en circunstancias no aclaradas, instancias del Estado mexicano utilizaron tácticas como la fabricación de delitos de posesión de drogas para mantenerlos presos mientras se confeccionaba una acusación por homicidio agravado, por la cual ahora cumplen una condena de 18 años y 9 meses. Entre las irregularidades documentadas destaca que la orden de aprehensión fue emitida incluso antes de que la Fiscalía la solicitara. Además, a los detenidos nunca se les informó de los motivos de su arresto ni se les mostró la orden. Tres de ellos estuvieron incomunicados durante 24 horas, lo que el Grupo de Trabajo considera desaparición forzada.
Pero lo que realmente define este caso es el contexto de su lucha: estos hombres son defensores de su territorio frente a megaproyectos como la autopista San Cristóbal-Palenque, la construcción de hidroeléctricas y lo que consideran la militarización de la región.
Manuel Sántiz Cruz, como presidente del Comité de Derechos Humanos de San Juan Cancuc, era una de las voces más visibles en esta resistencia. Su detención resulta un castigo por oponerse a intereses económicos y políticos que buscan despojar a las comunidades indígenas de sus tierras. El Grupo de Trabajo de la ONU señala que fueron discriminados tanto por su labor como defensores como por su identidad indígena. Destaca el hecho de que les fue negado el acceso a intérpretes en español-tseltal durante el proceso judicial.
El caso confirma un patrón de criminalización contra defensores indígenas que no se ha erradicado de Chiapas. El sistema judicial, que debiera ser garante de protección y acceso a la justicia, ha sido utilizado regularmente para generar miedo y desmovilizar la resistencia comunitaria. Este patrón beneficia a empresas y grupos criminales que, aliados con políticos, operan en la región.
La respuesta del Estado mexicano a la Opinión 21/2025 será una prueba de su compromiso con los derechos humanos. Las recomendaciones de la ONU son vinculantes, y exigen la liberación inmediata; una reparación integral que va más allá de la indemnización económica, y una investigación independiente de las violaciones cometidas a los derechos humanos y al debido proceso.
La lucha por la libertad de los cinco de Cancuc es también una lucha por la justicia para todos los pueblos indígenas de México. El llamado al Estado mexicano es para que cumpla con sus obligaciones internacionales. La impunidad no puede ser la última palabra. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó y acompañó el proceso desde un inicio. Las irregularidades que denunció fueron acreditadas por el Grupo de Trabajo de la ONU. Otras organizaciones y colectivos, como No Estamos Todxs y Abajo los Muros de las Prisiones, también acompañan, documentan y llevan a cabo jornadas de información al respecto.
¿Por qué tiene la oportunidad el Estado mexicano de resarcir este abuso y esta afrenta?
Actualmente se encuentra pendiente de estudio un nuevo juicio de amparo por este caso. Así que el Poder Judicial de la Federación podría realizar un análisis exhaustivo que incorpore la Opinión del Grupo de Trabajo de la ONU como elemento central. Lo anterior le permitiría emitir una sentencia que repare integralmente los derechos de los cinco defensores y priorice su libertad inmediata.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación federal, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, podría establecer un diálogo urgente para cumplir con las recomendaciones internacionales, pues el Grupo de Trabajo estableció un plazo de seis meses para que el Estado informe sobre la liberación y reparación integral.
Dos Poderes de la Unión, del Estado Mexicano, pueden demostrar que las ceremonias con bastones de mando para los nuevos funcionarios y los discursos de reivindicación de los pueblos indígenas no son meros performances políticos, sino pasos hacia un México con respeto y justicia para sus naciones originarias. O, todo lo contrario.
