José Réyez
Las aduanas de México han sido históricamente puntos críticos de la vida nacional. Por ellas no sólo transita el comercio que dinamiza la economía, sino también las sombras del crimen organizado, la corrupción y el contrabando. El ejemplo reciente de la Secretaría de Marina y el huachicol de altos mandos es elocuente.
El informe Aduanas interiores –clasificado como reservado de la Secretaría de Hacienda, fechado en 2022 y obtenido por este medio–, pinta un panorama alarmante, pero a la vez esperanzador.
El documento refiere que estas garitas permanecen como “focos rojos” bajo el acecho constante de cárteles como el Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, huachicoleros y contrabandistas, mientras un experimento sin precedentes –el control militar de los recintos– intenta poner orden en el caos.
La decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar en mayo de 2022 el control de las 50 aduanas del país a las Fuerzas Armadas, arrebatándoselo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), fue un parteaguas.
No fue un acto aislado. Previamente, en julio de 2021, un decreto presidencial había creado la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un órgano de Hacienda dirigido por militares que reemplazó a la vieja y cuestionada Administración General de Aduanas. El mensaje era claro: ante la incapacidad y la corrupción de los anteriores administradores civiles, la disciplina castrense era la única solución.
Los primeros nueve tenientes y tenientes coroneles asignados a aduanas interiores del país (en los litorales las aduanas están a cargo de la Marina) iniciaron su gestión en marzo de 2022. El informe analiza sus primeros meses y, aunque pide dar margen para una evaluación más profunda, ya destaca “pingües resultados” en recaudación, decomisos y aseguramientos.
La importancia de este esfuerzo es monumental. Las aduanas representan el 24 por ciento de todos los ingresos tributarios del gobierno federal y un 3.6 por ciento del producto interno bruto (PIB). Nuevo Laredo, Manzanillo y Veracruz son las que más recaudan, con cifras que superan los 80 mil millones de pesos en el primer semestre de 2025. Proteger estos flujos es vital para la hacienda pública.
Sin embargo, la radiografía de cada aduana revela los enormes desafíos. Guadalajara, a cargo del teniente coronel Manuel Victorio Villareal, registró 372 incidencias en 15 meses, el 65 por ciento relacionadas con seguridad nacional: tráfico de armas y drogas.
El informe subraya cómo servicios de mensajería como DHL y FedEx, han sido instrumentalizados para el trasiego de fentanilo y sus precursores. A pesar de la tendencia a la baja, la sombra del CJNG, con sus laboratorios clandestinos en Jalisco y Nayarit, planea sobre la garita.
Monterrey, bajo el mando del coronel Jacinto González Cancho, es un nodo geográfico crucial que conecta con Tamaulipas, territorio del Cártel del Noreste. Allí, de 111 incidencias, el 36 por ciento fueron de seguridad nacional.
Querétaro es señalado como un “foco rojo” paradójico: buena recaudación, pero pocos aseguramientos, con la mitad de sus 65 incidencias vinculadas a seguridad nacional y la presencia del Cártel de Sinaloa afectando directamente el robo de trenes de carga.
Los casos de aparente calma son, quizás, los más inquietantes. En Chihuahua, bajo el coronel Gregorio Morales González, no se registró ni una sola incidencia relevante entre enero de 2021 y mayo de 2022. Esto, en el corazón del “Triángulo Dorado”, una de las regiones de cultivo y trasiego de narcóticos más importantes del continente, y en medio de una guerra entre grupos delictivos fuertemente armados. El silencio estadístico, lejos de ser tranquilizador, es profundamente sospechoso.
La columna vertebral de cualquier estrategia de seguridad aduanera es la inteligencia. Y aquí el diagnóstico es devastador.
Un segundo informe confidencial denominado Antecedentes, problemática actual, solución y prospectiva del Centro de Procesamiento Electrónico de Datos (CPED) describe un sistema arcaico y amateur. Los análisis de riesgo se hacían localmente, sin estadísticas, sin sistematización, sin homogeneidad. Las alertas se enviaban por correos electrónicos personales. No había protocolos, ni herramientas de análisis, ni bases de datos. La profesionalización brillaba por su ausencia.
Peor aún: la inteligencia aduanera y la seguridad interna estaban centralizadas en una sola persona, que ejercía un control coercitivo. Los “enlaces”, administradores, filtraban información confidencial de manera discrecional y personal, sin supervisión.
El centro de control (C2), con apenas 13 puestos para monitorear más de 10 mil 700 cámaras, es insuficiente y técnicamente deficiente. A esto se suma la falta de conocimiento de los militares asignados en materias tan específicas como el despacho aduanero o el tráfico marítimo.
El esfuerzo por militarizar las aduanas es una apuesta audaz ante una crisis de seguridad y corrupción que el aparato civil no pudo contener. Los primeros indicios de mejora en recaudación y control son esperanzadores. Pero el camino por recorrer es largo y está minado. La falta de inteligencia profesional, la infraestructura tecnológica obsoleta y la adaptación de los militares a un campo para el que no fueron entrenados específicamente son obstáculos formidables.
México necesita aduanas eficientes y seguras. Son la frontera entre la economía formal y el caos criminal. La intervención militar es un tratamiento de shock para un paciente en estado crítico.
El tiempo dirá si fue la cura definitiva o sólo un paliativo temporal mientras se construye, de una vez por todas, una institución aduanera civil, profesional, tecnológica y honesta que el país merece y requiere urgentemente. Sobra decir que la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció desconocer desde cuándo viene el huachicol en la Marina, tarea que, dijo, corresponde a la FGR.
