- La Comisión de Derechos Humanos local documento una serie de fallas en la búsqueda de personas desaparecidas.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Derechos Humanos (CDH) local documento una serie de fallas en la búsqueda de personas desaparecidas que van desde la omisión de recuperar videos hasta deficiencias en la realización de entrevistas.
Alma Guadarrama, especialista de la Universidad La Salle en Derecho y Derechos Humanos, consideró que el reporte de la CDH es una alerta sobre las malas prácticas que se requiere cambiar, ya que derivan en que personas no sean localizadas y, en los casos en los que ocurre, es gracias a familiares y no al Estado.
El análisis de la Comisión, el cual fue realizado a partir del análisis de 34 expedientes, subraya que la solicitud de grabaciones de cámaras al C5 suele ocurrir de forma extemporánea.
De tal forma que en 23 de los casos revisados, que representaron el 67 por ciento del universo analizado, no se reportó recuperación del material videográfico.
“Uno de los principales hallazgos fue el trato meramente formalista del recurso videográfico, donde las solicitudes de acceso a cámaras del C5 de la SSC CDMX o de particulares se realizaron fuera de los plazos de resguardo, lo que derivó en la pérdida definitiva del material”, apuntó el organismo.
La CDH también documentó que la búsqueda inmediata, que es concebida como el paso más urgente, es aplicada de manera deficiente o inexistente en la mayoría de los casos, algo que reduce drásticamente las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas con vida.
“En 69.2 por ciento de estos expedientes (9 de 13 casos) no se llevó a cabo la búsqueda inmediata por la falta de exhaustividad en la entrevista inicial, lo que impidió que se generaran los insumos necesarios para activar una búsqueda pronta y efectiva”, refiere el informe.
La Comisión concluyó que estos resultados muestran políticas públicas deficientes y que la carga de la búsqueda se transfirió de forma indebida a las víctimas indirectas que asumieron funciones que legalmente corresponden al Estado.
“La sociedad civil se ha apropiado de esta problemática, de este fenómeno social y ha liderado estas búsquedas, adquiriendo el Estado un papel pasivo, que se traduce en establecer normativas, registros, pero en realidad no ha tomado esta responsabilidad”, consideró Guadarrama.
Guadarrama recordó que la CDMX se mantiene entre los cinco primeros lugares de desapariciones a nivel nacional, por lo que además de visibilizarse, se deben resarcir las fallas constatadas, por malas capacitaciones entre autoridades y los retrasos en los registros oficiales.
El informe, añadió, puede ser una herramienta para visibilizar la actual problemática, las deficiencias, omisiones o negligencias en las búsquedas y brindar opciones para generar cambios.
“Nos señala propuesta, plantea una estrategia para coordinar, realizar la búsqueda, con cambios estructurales en estos mecanismos de búsqueda, de volver al contexto que es crucial.
“Visibiliza el tema de la mala distribución de recursos, tanto humanos como financieros, muestra la decidía de autoridades y este tipo de situaciones, para tener y visibilizar un cambio, esto no es en un sexenio, tampoco es de la noche a la mañana, es un cambio paulatino”, añadió la especialista.
EL REPORTE
El informe de la CDH enumera las deficiencias que ocurren en casos de desaparición.
-Búsqueda inmediata deficiente: en 38.2% de los casos no se realizó y en 35.3% fue parcial; muchas veces por entrevistas iniciales incompletas o por omisión de la autoridad aun con datos clave.
-Omisión en entrevistas a testigos: en 22.6% de los expedientes no se entrevistó a personas clave; además, testimonios útiles no fueron analizados ni se siguieron pistas relevantes.
-Manejo deficiente de videograbaciones: en 41% de los casos no hubo diligencias para recuperar videos, o las solicitudes se hicieron fuera de plazo, perdiendo evidencia crucial.
-Uso limitado de tecnologías: sólo en 14.7% de los casos se aprovecharon redes sociales o datos digitales con resultados útiles; en la mayoría, se redujo a capturas sin valor probatorio.
-Deficiencias legales y procesales: en 26.5% de los expedientes hubo diligencias sin autorización judicial, con datos imprecisos o sin cadena de custodia, afectando la validez de pruebas.
