- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace frente a excesos de los tres órdenes de gobierno.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va del periodo de la Cuarta Transformación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha desplegado una batalla jurídica sin precedentes contra la reiterada práctica de Poderes Ejecutivos y Legislativos estatales, así como de Ayuntamientos en distintas entidades del país, de aplicar leyes y ordenamientos que vulneran los derechos más elementales de la ciudadanía.
La estrategia del organismo ha consistido en recurrir a la acción de inconstitucionalidad —facultad que la Constitución le otorgó desde 1999— y, en casos específicos, a la controversia constitucional, para frenar normas y disposiciones locales que exceden las competencias de las autoridades y atentan contra principios básicos como el acceso a la información, la seguridad jurídica y la libertad de expresión.
De acuerdo con cifras judiciales, de 2018 y en lo que va de 2025, la CNDH ha promovido hasta 830 acciones de inconstitucionalidad y 24 controversias constitucionales, consolidándose como uno de los principales actores en el control constitucional frente a excesos de los tres órdenes de gobierno.
TARIFAS DESPROPORCIONADAS POR ACCESO A LA INFORMACIÓN
Uno de los temas debatidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la sesión del lunes 29 de septiembre fue el relativo al cobro de copias simples para la entrega de información pública.
Aunque la ley establece que el acceso debe ser gratuito, diversos Congresos estatales han aprobado tarifas que la Corte calificó como desproporcionadas e irracionales.
Ya en la anterior conformación de la Corte el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advirtió sobre lo absurdo de estas tarifas: “En Apan, Hidalgo, se cobra $170 por copia simple, mientras que en Atlapexco el costo es de $6. Hay una desproporción evidente entre un municipio y otro”.
Ahora, la nueva Corte invalidó dichas disposiciones, dejando en claro que el derecho a la información no puede convertirse en un mecanismo recaudatorio.
IMPUESTOS INCONSTITUCIONALES Y SANCIONES ARBITRARIAS
Otro frente de la CNDH se dirigió contra artículos de leyes de ingresos municipales que establecían cobros por el servicio de alumbrado público, agua potable y alcantarillado, los cuales fueron considerados inconstitucionales por la Corte al violar los principios de proporcionalidad y legalidad tributaria.
En paralelo, se discutieron normas que sancionaban de manera ambigua conductas como “escándalos en vía pública”, “gritos” o “faltas de respeto a la autoridad”.
La ministra Loreta Ortiz Ahlf subrayó que estos conceptos carecen de claridad y atentan contra la libertad de expresión: “Sólo cuando una persona sepa con certeza qué conducta está prohibida podrá evitarla; de lo contrario, la vaguedad abre un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad”.
REITERACIÓN DE ABUSOS EN LEYES LOCALES
La Corte también declaró inválidas disposiciones en estados como Tlaxcala, que intentaban gravar actividades de juegos y sorteos —facultad exclusiva de la Federación—, además de preceptos que fijaban cobros por agua potable y drenaje sin establecer criterios claros.
Aunque la mayoría de ministros votó por invalidar estos ordenamientos, el debate incluyó la pertinencia de exhortar a los Congresos estatales a dejar de incluir disposiciones inconstitucionales en sus leyes de ingresos, una práctica que, según los propios ministros, se repite año con año a pesar de los constantes fallos en contra.
UNA BATALLA QUE CONTINÚA
Lo que estas resoluciones muestran es que la CNDH se ha convertido en un contrapeso jurídico frente a la tendencia de gobiernos estatales y municipales de usar las leyes locales como mecanismos de recaudación o de control social.
La Suprema Corte ha dejado claro que las tarifas arbitrarias, los impuestos sin sustento constitucional y las sanciones administrativas vagas no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales.
Sin embargo, la recurrencia de estas prácticas revela un problema más profundo: la normalización de aprobar leyes inconstitucionales como parte de la política local.
La batalla legal de la CNDH aún no termina. Mientras los Congresos locales sigan insistiendo en reproducir disposiciones ya declaradas inválidas, el organismo seguirá llevando los casos ante la Suprema Corte, con el fin de garantizar que los derechos de los ciudadanos estén siempre por encima de los intereses recaudatorios o de control político de las autoridades.
