- Entre los asuntos resueltos figura un impedimento promovido por Emilio Lozoya Austin y otro formulado por Banco Actinver.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Los proyectos de resolución presentados por la ministra Lenia Batres Guadarrama obtuvieron este miércoles el respaldo unánime del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una sesión donde se abordaron 19 asuntos y cinco de ellos correspondieron a su ponencia.
Entre las resoluciones destacadas se encuentra el impedimento 16/2025, formulado por el Banco Actinver, que solicitaba la recusación de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y de los ministros en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá en un juicio de amparo.
La ministra Batres propuso declarar sin materia las causales en contra de los exministros, debido a que dejaron el cargo el pasado 31 de agosto, y planteó imponer una multa a la institución bancaria, al considerar que su recurso buscaba únicamente dilatar el procedimiento. El Pleno avaló la propuesta por unanimidad.
En otro de los proyectos relevantes, la ministra Batres resolvió el impedimento 49/2025, promovido por Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien pedía la recusación de los exministros Pardo Rebolledo y González Alcántara Carrancá en el amparo directo en revisión 555/2024.
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Al igual que en el caso anterior, se declaró sin materia la solicitud debido a la separación de los ministros de su cargo. La votación también fue unánime.
Asimismo, fueron aprobados los proyectos relacionados con los recursos de reclamación 395/2025 y 363/2025, interpuestos por empresas en contra de acuerdos de la Presidencia de la SCJN que desechaban recursos de revisión promovidos contra sentencias de amparo de tribunales colegiados.
En ambos casos, el Pleno ratificó la postura de Batres de declarar infundados los recursos y confirmar los acuerdos impugnados.
Finalmente, la ministra presentó el proyecto correspondiente al recurso de apelación 8/2025, promovido por una empresa contra un acuerdo emitido por la Presidencia de la Corte. Su propuesta de declararlo infundado y confirmar el acuerdo fue respaldada sin objeciones por las ministras y ministros.
