- Durante décadas, grupos inmobiliarios, políticos y funcionarios municipales han tejido redes que permiten la ocupación irregular de tierras en selvas, manglares y zonas costeras, disfrazadas de proyectos “ecológicos” o “sustentables”.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La invasión de terrenos dentro de áreas naturales protegidas en Quintana Roo se ha convertido en una práctica tan vieja como el propio auge turístico del Caribe mexicano.
Durante décadas, grupos inmobiliarios, políticos y funcionarios municipales han tejido redes que permiten la ocupación irregular de tierras en selvas, manglares y zonas costeras, disfrazadas de proyectos “ecológicos” o “sustentables”, pero que en realidad destruyen ecosistemas estratégicos.
De acuerdo con Juan Carlos Romero Gil, director regional de la Conanp para la Península de Yucatán y Mar Caribe, existen al menos 25 denuncias formales por desarrollos inmobiliarios que operan sin autorización ambiental, principalmente en la Riviera Maya y Holbox.
Sin embargo, agrupaciones ambientalistas calculan que el número real supera los cien casos, debido a que muchas construcciones se realizan en terrenos ejidales o de propiedad dudosa, sin manifestación de impacto ambiental ni permisos municipales.
En Holbox, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, la Profepa ha clausurado edificaciones ilegales —palapas, cabañas y muelles— levantadas en dunas y manglares.
“Se trata de obras que ni siquiera cuentan con los estudios básicos de impacto ambiental”, confirmó Romero Gil, quien reconoció que la Conanp niega la mayoría de las solicitudes por incumplir la normatividad.
Las denuncias apuntan a una cadena de tolerancia en los ayuntamientos, donde los trámites de uso de suelo o licencias de construcción se otorgan pese a la ubicación dentro de zonas de reserva. Funcionarios locales, contratistas y notarios participan en la regularización de predios que luego son vendidos en redes sociales como “eco lotes” o “villas sustentables”.
Nahielli Orozco Lozano, secretaria de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, reconoció que el municipio ha detectado entre seis y ocho nuevos desarrollos bajo investigación y que los clausurados se concentran a lo largo de la carretera hacia Mérida.
“Muchos compradores ni siquiera saben dónde están ubicados los terrenos. Surgen y surgen nuevos nombres, y debemos seguir el rastro para frenar la expansión”, declaró.
En Tulum, la Sedetus y el ayuntamiento publicaron una alerta sobre 26 fraccionamientos ilegales, mientras que a nivel estatal se contabilizan más de 90 en proceso de revisión.
Ambientalistas advierten que los verdaderos responsables no son sólo los promotores, sino las autoridades municipales que permiten la venta y el desmonte sin control.
Las invasiones provocan la fragmentación de hábitats, la pérdida de vegetación costera, la alteración de los flujos hídricos y el desplazamiento de fauna. Los proyectos suelen promoverse con discursos de “bajo impacto”, pero carecen de planes de manejo o sistemas de tratamiento.
En Holbox, tras el incendio de 2024, se aplicó un seguro ambiental para restaurar dunas y manglares, y se evalúa imponer una veda de 20 años en la zona afectada.
“Parte del problema es la falta de capacidad institucional; la Conanp enfrenta un déficit presupuestal mientras la presión inmobiliaria aumenta”, admitió un técnico de la dependencia.
Especialistas consultados coinciden en que la ocupación de zonas de conservación no es nueva ni accidental, sino una estrategia de urbanización encubierta que ha sobrevivido a administraciones estatales y municipales.
Las denuncias de la Conanp y la Profepa son apenas la punta del iceberg: en realidad, cientos de predios han sido fragmentados, vendidos y ocupados bajo la complacencia de intereses políticos y empresariales.
