- La dirigencia estatal y municipal en Benito Juárez de la central de trabajadores urgió a conocer los detalles que involucran al líder estatal, Isidro Santamaría Casanova.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- A siete años de un ataque armado en las instalaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Cancún, que dejó a una persona sin vida, la representación sindical exigió conocer los detalles que involucran al dirigente estatal, Isidro Santamaría Casanova.
La dirigencia de la central obrera acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de mantener un proceso plagado de irregularidades y de negarse a entregar la carpeta de investigación.
De acuerdo con los representantes de la central obrera en Quintana Roo y el municipio Benito Juárez, el fiscal encargado ha incumplido una orden del Juzgado Octavo de Distrito, que mediante un amparo indirecto instruyó a la Fiscalía a que la parte acusada tenga acceso a la carpeta de investigación.
Igualmente, denunciaron que la dependencia tampoco se ha presentado a dos audiencias incidentales, el 27 de octubre y el 6 de noviembre pasado, lo que frena la etapa de imputación del proceso, y cuya nueva audiencia fue programada para el 7 de diciembre próximo.
Además, señalaron que se pretende imponer la prisión preventiva oficiosa a Santamaría Casanova como presunto inductor del ataque, pese a que no existen detenidos ni presuntos autores materiales o intelectuales del crimen.
Los dirigentes de la CTM informaron que tuvieron un encuentro con la persona cuya declaración habría servido para vincular a Isidro Santamaría.
El personaje señalado, aseguraron, negó haber realizado la declaración y denunció que fue retenida por casi ocho horas, incomunicada y obligada a firmar un documento sin leerlo, además de haber recibido amenazas para sostener esa versión.
Ante las presuntas irregularidades, la central obrera exigió al fiscal Raciel López Salazar y a la gobernadora Mara Lezama, su intervención directa para que el fiscal del caso cumpla con la entrega de la carpeta de investigación, al advertir que la negativa del funcionario viola el debido proceso y podría ameritar su destitución.
“Se le exige no solo al fiscal del caso sino también al fiscal general y a la gobernadora, porque esto es parte del Poder Ejecutivo y depende de la gobernadora.
“Hoy por hoy, un subalterno del fiscal general del estado está haciendo algo terriblemente mal, se está librando una orden de aprehensión por el solo hecho del dicho de una persona, que no es prueba plena o por el solo hecho de que supuestamente hubo una sola investigación, una sola”, concluyeron.
Este asunto está relacionado con Luis Fernando Peón Cardín, que en su momento trabajaba en la CTM, pero desapareció en julio de 2018.
La organización Madres Buscadoras de Quintana Roo ha llamado en diversas ocasiones, a que la CTM colaboré con las investigaciones y responda a los cuestionamientos de la FGE.
“Es importante solicitar que si la persona siente que sus derechos están vulnerados en la calidad de imputado, tiene derecho a designar un defensor y tiene derecho a acceder a la carpeta de investigación y tiene el derecho a promover actos de investigación para demostrar su inocencia”.
Actualmente, dijeron, es una persona de interés y solicitamos colabore con las autoridades.
