POR KUKULKAN
SI ALGO dejó claro la última sesión del Pleno de la Suprema Corte es que el país podrá estar hundiéndose en contradicciones, pero nuestra máxima casa de justicia se mantiene fiel a la tradición: discutir durante horas, exhibir sus diferencias como si fueran medallas… y al final no resolver absolutamente nada.
TODO comenzó con el ministro Giovanni Figueroa presentando su proyecto sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2024. Un asunto sencillo en apariencia: decidir si la reforma que borró del mapa el mínimo presupuestal para atender a víctimas es o no contraria al principio de progresividad. Pero claro, estamos hablando de la Corte, no de un taller mecánico: aquí todo lo sencillo debe complicarse por decreto.
METICULOSO como relojito suizo, Figueroa explicó que la reforma de 2020 quitó el 0.014% garantizado del gasto programable que antes permitía asegurar recursos para la reparación del daño. En cristiano: se eliminó el piso mínimo que, mal que bien, daba un colchón a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
LA ANTERIOR Primera Sala ya había dicho que esto era regresivo. Y resulta que, oh sorpresa, el Congreso no hizo absolutamente nada para corregirlo. Así que lo lógico, según él, era que el Pleno diera el paso final. Pero ahí llegaron las reacciones. Y cada quien interpretó la progresividad como le dio la gana, como siempre.
LA MINISTRA Yasmín Esquivel abrió la ronda con el entusiasmo doctrinario que la caracteriza cuando cita el artículo 1º constitucional como si fuera conjuro mágico: la reforma fue regresiva, punto. El Estado no puede andar recortando derechos como quien recorta cupones. Si el piso mínimo desapareció, pues hay regresión; si hay regresión, la norma es inconstitucional. Caso cerrado. Fácil.
FIEL A SU VOTO previo en Primera Sala, la ministra Loreta Ortiz la secundó: lo que desaparece el mínimo, desaparece la certeza. A las víctimas no se les puede mandar a recoger migajas del INDEP como si fueran clientes permanentes de un bazar confiscatorio.
PERO, como en toda buena historia, llegó el bloque opositor con argumentos tan vehementes como contradictorios.
LENIA Batres encabezó la trinchera: según ella, no hubo regresión alguna. Al contrario, la reforma fue un triunfo contra la opacidad de los fideicomisos, esos monstruos de siete cabezas responsables —al parecer— de todos los males presupuestales desde 1937. La clave, nos dijo, no es si hay piso mínimo, sino que el Estado siga pagando. Y como —asegura— el presupuesto ha aumentado desde 2022, pues no pasa nada. La progresividad, versión Batres, no está en la ley sino en “la voluntad del Estado”. Nada más tranquilizador.
SU COMPAÑERA Sara Irene Herrerías reforzó el argumento con cifras: que si el presupuesto ha crecido, que si los pagos se han realizado, que si Hacienda ha hecho ampliaciones. Como si la progresividad se midiera con recibos de caja y no con parámetros normativos. Irving Espinosa, por su parte, decidió revivir el expediente del caso sólo para recordarnos que la quejosa jamás pidió revivir fideicomisos, y que la Primera Sala terminó haciendo justamente eso. Para él, el error estuvo en que la Corte se puso creativa. Fallout legislativo por exceso de imaginación jurídica.
Y MIENTRAS unos acusaban a la reforma de regresiva y los otros la defendían como ejemplo de modernización presupuestal, Arístides Guerrero llegó como mediador involuntario: sí, la norma es regresiva porque deja el financiamiento al azar del decomiso; pero no, no necesariamente debiera revivir el modelo anterior. Una cosa sí, otra no. Un equilibrio tibio que hoy parece sofisticado.
EL MINISTRO presidente, con tono de “vamos cerrando, que esto ya se alargó”, resumió la esencia del debate: hay inconstitucionalidad, pero tampoco es cosa de regresar al pasado. Que el Congreso se encargue de inventar un nuevo esquema donde no haya fideicomisos, pero sí progresividad. Exactamente el tipo de solución que no resuelve nada, pero permite a todos sentirse satisfechos.
FINALMENTE llegó la votación: cinco votos por la inconstitucionalidad y cuatro por la constitucionalidad. Suficiente para un buen titular, pero insuficiente para una declaratoria general, que requiere ocho votos. El resultado: todo se queda igual. Así, tras horas de alegatos, doctrinas, cifras, emociones contenidas y un par de jaloneos velados, la Corte hizo lo que mejor sabe hacer: confirmar que, en México, hasta cuando hay mayoría… no pasa nada.
