- Sostienen encuentro inédito entre autoridades judiciales, académicos, organizaciones de derechos humanos y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria.
STAFF / LUCES MULTIMEDIOS
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde lo profundo de la Montaña y la Costa de Guerrero, un eco ancestral resonó este lunes en uno de los edificios más emblemáticos del Estado mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió sus puertas —literal y simbólicamente— al pluralismo jurídico con la realización del conversatorio “Dando vida al pluralismo jurídico: el caminar de la CRAC-PC”, un encuentro inédito entre autoridades judiciales, académicos, organizaciones de derechos humanos y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC).
La jornada comenzó con la exposición fotográfica “Sembrando y cosechando justicia comunitaria desde la Montaña y Costa de Guerrero”, curada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Las imágenes revelaron el rostro cotidiano de la justicia comunitaria: asambleas, procesos de reeducación, rondas de seguridad y rituales culturales que configuran una forma de impartir justicia distinta, pero profundamente arraigada.
Primera mesa: no es justicia alternativa, es un sistema propio
En la primera mesa, la historia de la CRAC-PC fue relatada desde la voz de sus protagonistas: consejeros regionales, defensores y antropólogas. César Ramírez Bello, Agripino Bailón Mozo e Isidoro Vicario explicaron que la CRAC no es un mecanismo emergente o marginal, sino un sistema normativo indígena reconocido por la Constitución, que responde a una lógica propia de resolución de conflictos y reconstrucción del tejido social.
Desde la academia, Maribel Nicasio y María Teresa Sierra contextualizaron este modelo dentro del concepto de pluralismo jurídico, señalando que las normas indígenas no pueden seguir siendo vistas como “alternativas” a un sistema dominante, sino como formas paralelas de ejercer soberanía y justicia en los territorios originarios.
Sergio Molina, director de la Escuela Nacional de Formación Judicial, remarcó que formar jueces en la perspectiva intercultural es una responsabilidad institucional. “La CRAC no opera al margen del Estado, sino dentro del marco constitucional que reconoce su existencia”, afirmó. “La comunidad elige, juzga y reeduca; eso es justicia restaurativa, algo que el sistema estatal aún tiene mucho por aprender”.
Segunda mesa: entre el reconocimiento y la criminalización
El diálogo se tornó más crítico en la segunda mesa, donde los representantes de la CRAC-PC y del CDH Tlachinollan expusieron cómo la falta de reconocimiento legal pleno ha derivado en formas de criminalización por parte de autoridades estatales y federales. Martín Rosales Sierra y Juan Antonio García Fidencia hablaron del estigma que enfrentan las policías comunitarias, a pesar de su efectividad para mantener bajos índices de violencia en la región.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, urgió al Poder Judicial a abandonar su “monoculturalismo institucional” y construir puentes reales con los sistemas comunitarios. Por su parte, Estela Platero Salado, magistrada del Vigésimo Primer Circuito, y Benjamín Rubio, del Instituto de la Defensoría Pública, coincidieron en que los sistemas indígenas requieren no solo respeto simbólico, sino espacios efectivos de articulación con el derecho estatal.
Orlando Aragón Andrade, del CEC-SCJN, moderó el panel con una premisa clara: el pluralismo jurídico no es un discurso académico, sino una práctica urgente que implica revisar la forma en que el sistema judicial trata la diferencia.
Una clausura con mensaje: justicia que reconoce, no que excluye
El cierre estuvo a cargo del Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, quien no evitó los temas incómodos. Reconoció que la historia del sistema de justicia en México ha estado marcada por el desplazamiento y la exclusión de las normas indígenas, producto de un racismo estructural aún vigente. “La justicia estatal ha operado muchas veces con clasismo, con racismo, sin entender que la identidad también es una forma de derecho”, sentenció.
Aguilar Ortiz insistió en que todas las autoridades del sistema de justicia —desde jueces hasta fiscalías— tienen la obligación constitucional de coordinarse con las autoridades comunitarias, no solo por respeto legal, sino por convicción democrática. “Nuestra tarea no es imponer, sino dialogar. No es absorber, sino reconocer”, puntualizó.
