José Réyez
En el panorama laboral de México, la figura del “sindicato charro” es una herencia profundamente arraigada del sistema político del siglo XX.
Este término, que evoca una imagen de control y sometimiento, describe a aquellos sindicatos que, en la práctica, funcionan más como brazos extensores del poder gubernamental o empresarial que como auténticos representantes de los intereses de los trabajadores.
Un sindicato charro se distingue por simulación y control vertical: La dirigencia no responde a las bases, sino a los intereses del gobierno o del patrón: elecciones amañadas, pactos y contratos espurios: Es una práctica común la firma de “contratos ley” o “pactos de protección” con las empresas, a espaldas de los trabajadores,
Así como represión y cacicazgo: La disidencia interna es sofocada mediante intimidación, hostigamiento laboral y violencia física.
El SNAC en crisis de legitimidad
La combinación de inconformidades, irregularidades electorales, opacidad financiera y desacato a la autoridad laboral ha generado un escenario insostenible para Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC).
El SNAC pues es controlado por la familia Martínez desde 1978 como si fuera un negocio privado. La inconformidad se desbordó cuando Martínez Araiza dilapidó 500 millones de pesos del patrimonio sindical y vendió la sede del SNAC en 10 millones sin informar a la base trabajadora.
Además, recibe anualmente más de 353 millones de pesos en cuotas sin transparentar su manejo. A eso se suma un esquema de negocios paralelos: venta de servicios funerarios, celulares, muebles y préstamos exprés con intereses del 10%, todo cobrado directamente a los trabajadores.
La situación se agravó cuando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de Alfredo Domínguez Marrufo ordenó al dirigente informar el destino de los 500 millones desaparecidos (expediente 10/02788).
Han pasado seis meses y Martínez Araiza sigue sin cumplir. Lo más grave: la autoridad tampoco ha ejercido presión alguna, lo que los trabajadores disidentes interpretan como un posible contubernio.
El propio líder presume su impunidad: “Sólo el 3% de los sindicatos rinden cuentas; el 97% no lo hacemos”, dijo públicamente.
Los inconformes denuncian que, en represalia por exhibir el manejo irregular de los recursos, el dirigente ha presionado a empresas para despedir a trabajadores críticos.
Paralelamente, el SAT y la UIF investigan cuentas bancarias, bienes y posibles recursos en el extranjero a nombre de Martínez Araiza y su familia.
El actual comité ejecutivo —nombrado en elecciones impugnadas— es señalado como parte de la estructura que le permite operar con total opacidad.
Lo único claro es que el SNAC vive una crisis de legitimidad y si las autoridades laborales no actúan y el sindicato continúa sin rendir cuentas, el descontento podría escalar hasta convertirse en una ruptura abierta.
