- El Gobierno de Veracruz comenzó a aplicar, de manera formal, la verificación en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) como requisito obligatorio para diversos trámites civiles y administrativos.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.– El Gobierno de Veracruz comenzó a aplicar, de manera formal, la verificación en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) como requisito obligatorio para diversos trámites civiles y administrativos.
Entre ellos, la celebración de matrimonios y la expedición o renovación de licencias de conducir.
La medida forma parte de una política nacional orientada a garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias en favor de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, quienes busquen casarse ante el Registro Civil o tramitar una licencia deberán presentar un certificado de no inscripción en el RNOA.
Es un documento que acredita que la persona no tiene una sentencia firme por incumplir obligaciones alimentarias. La constancia puede generarse en línea y se entrega de manera gratuita.
Funcionarios consultados señalaron que la medida se basa en reformas federales aprobadas este año, las cuales facultan a los estados para condicionar ciertos trámites al cumplimiento de las responsabilidades alimentarias.
En el caso de Veracruz, la instrucción se adoptó con el argumento de proteger el interés superior de niñas y niños, quienes suelen enfrentar largos procesos judiciales para acceder a pensiones básicas.
La disposición establece que las personas registradas como deudoras alimentarias no podrán celebrar matrimonio civil ni obtener o renovar su licencia de conducir hasta que acrediten estar al corriente con los pagos pendientes.
En caso de controversias, la autoridad recomendó acudir directamente a los juzgados familiares para regularizar la situación y, con ello, desbloquear los trámites.
Especialistas en derecho familiar consultados advierten que la medida podría mejorar los niveles de cumplimiento.
También señalaron que aún existen retos para garantizar que el registro sea actualizado de manera oportuna, especialmente en municipios con carga judicial elevada.
Organizaciones civiles han llamado a que la aplicación del requisito sea transparente y libre de discrecionalidad para evitar prácticas irregulares.
En tanto, colectivos de mujeres celebraron la decisión al considerar que representa un paso “histórico” para combatir la evasión de responsabilidades parentales, un problema recurrente en la entidad.
No obstante, algunas voces plantearon que negar licencias de conducir podría afectar a personas que dependen de su vehículo para trabajar, por lo que pidieron mecanismos de conciliación que no vulneren derechos laborales.
El gobierno estatal reiteró que el objetivo central es asegurar que todas las personas menores de edad reciban la pensión que por ley les corresponde y que las instituciones cuenten con herramientas más eficaces para garantizar su cumplimiento.
Las dependencias implicadas anunciaron que mantendrán módulos de orientación para que la ciudadanía pueda generar su certificado y aclarar dudas sobre el proceso.
