- Ante la existencia de posibles ilegalidades, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR) suspendió la licitación para rentar dos mil 522 vehículos por un monto de hasta tres mil 98 millones de pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la existencia de posibles ilegalidades, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR) suspendió la licitación para rentar dos mil 522 vehículos por un monto de hasta tres mil 98 millones de pesos.
Diego Emiliano Casas Lugo, titular de la Unidad Jurídica, Contenciosa y de Evolución Patrimonial de la OIC, decretó la suspensión provisional del procedimiento de contratación.
Esto, con base en el artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de acuerdo con documentos administrativos.
Este apartado establece que los actos del procedimiento podrán ser suspendidos cuando lo solicite un inconforme y “se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven”.
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Esta es la segunda vez en los últimos tres meses que la FGR se ve imposibilitada para adjudicar el arrendamiento de su flota vehicular.
El pasado 24 de octubre declaró desierta esta licitación pública nacional y, aunque volvió a lanzar la convocatoria, el ocho de diciembre decretó de oficio suspender en forma provisional el procedimiento sin exponer razón alguna.
La licitación tiene como antecedente la destitución con uso de la fuerza pública de Arturo Serrano Meneses como titular del OIC y a nueve mandos de su equipo de colaboradores, el ocho de agosto pasado, por supuestos actos de corrupción.
Tiempo después de separarlo del cargo, la FGR ejerció la acción penal contra el ex contralor por una denuncia de Antonio del Moral, un representante de la proveedora de vehículos Casanova Rent Volks, quien lo acusó de pedirle seis millones de pesos a cambio de incidir en la adjudicación de este contrato.
La licitación en cuestión busca adjudicar el arrendamiento de dos mil 522 unidades del parque vehicular para el periodo 2025-2028 por un monto mínimo de dos mil 280 millones 323 mil 999.43 pesos y un máximo de tres mil 98 millones 24 mil 497.5 pesos.
El propósito es equipar con motocicletas, cuatrimotos, camiones, vagonetas, automóviles sedán híbridos y camionetas pick up sencillas y de doble cabina a 65 unidades administrativas de la FGR en todo el país.
Las unidades debían ser nuevas o usadas con un máximo de 10 mil kilómetros de recorrido.
La licitación suspendida la semana pasada, ya con Ernestina Godoy como titular de la FGR, fue anunciada con una convocatoria fechada el 20 de noviembre.
Si bien los documentos públicos de esta licitación no precisan las posibles ilegalidades en el procedimiento, señalan es que varios de los proveedores cuestionaron sus cláusulas.
Entre las empresas que manifestaron su interés en concursar por este contrato están A2Daht Health México, Automotriz Tollocan, Car One Monterrey, Grupo Turbofin, Sustentable RYR y Total Parts and Components.
También, CA Soluciones Financieras, Dinasty &CO HN, Flotirent, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental y K-Partners.
Estas últimas solicitaron a la FGR varias aclaraciones sobre el contrato, pero algunas reclamaron abiertamente los requisitos y condiciones como la obligación de entregar los vehículos con un sistema de GPS propio, acreditando la propiedad intelectual con facturas, licencias o patentes.
“¿Cómo justifica la convocante imponer una restricción tan excluyente, cuando la obligación contractual debería limitarse a que los vehículos arrendados cuenten con sistemas de geolocalización confiables y operativos, independientemente de su origen?”, cuestionó la empresa Flotirent en la junta de aclaraciones.
“Se solicita la convocante permita acreditar este requisito mediante la presentación de una carta de respaldo o autorización de un proveedor especializado o distribuidor autorizado de GPS. Favor de aceptar”.
La Fiscalía rechazó en el acto esta solicitud, con el argumento de que debía garantizar la seguridad de su personal y por ello sostuvo que el sistema GPS debía ser propiedad del proveedor y “se encuentre a disposición para uso de la FGR”.
Otras como CA Soluciones Financieras pidieron dar un plazo de entrega mayor a los 60 días establecidos en la convocatoria, lo cual también rechazó la dependencia.
Antes de que este procedimiento de licitación fuera convocado, la FGR ya había hecho un intento previo para adjudicar el mismo contrato.
Según los antecedentes, la convocatoria de ese primer concurso salió el 26 de septiembre y lo declaró desierto el 24 de octubre por defectos técnicos menores en las ofertas, entre ellos no acreditar tener oficinas en los 32 estados de la República.
En este primer procedimiento participaron Casanova Rent Volks -cuyo representante denunció al ex contralor-, A2Daht Health México, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental y Lumo Financiera del Centro, en participación con Bansi.
