Zósimo Camacho
El regreso de la minería “a mayor escala” no se quedó en declaraciones. Las palabras del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la Convención Internacional de Minería 2025 no fueron meras promesas de ocasión. Las trasnacionales mineras ya disfrutan de una acelerada liberalización de proyectos.
Por lo visto, la 4T perdonó muy pronto a la industria extractivista el envenenamiento de ríos, el asesinato de ecosistemas enteros, la devastación de montes, el despojo a las comunidades, el quebrantamiento de la salud de miles de familias y otros crímenes ambientales, sociales y económicos que, hay que destacar, siguen sin remediación.
Asoma el esplendor del extractivismo y se ciernen sobre territorios indígenas, comunales y nacionales las sombras de una devastación en nombre de la acumulación de capital, conocida hoy como Plan México.
La reivindicación de la minería es clara y se anuncia hasta con tono triunfal. La actual administración federal ha desatado una ofensiva para liberar permisos ambientales y de agua que habían mantenido detenidos 176 proyectos mineros.
Con datos y declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Economía y de los gobiernos de Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Durango, el diario El Financiero informó el 11 de diciembre pasado de una inyección de más de 11 mil millones de dólares en proyectos extractivistas a realizarse en esas entidades. Sin embargo, detrás de esta cifra millonaria se esconde una narrativa de devastación, deudas históricas y un preocupante retroceso en la política ambiental del país.
En declaraciones recogidas por el periodista Christopher Calderón, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, Fernando Aboitiz, celebra que se ha procesado el 65 por ciento del “rezago”. Completa, victorioso, el secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro: en un año consiguió la industria minera los permisos de los “seis años del pasado”.
La velocidad exprés en la autorización debe encender todas las alarmas. La administración anterior, con todas sus tibiezas, estableció una política de contención ante el extractivismo desbocado, reconociendo el saqueo histórico de recursos y los conflictos socioambientales. Hoy, esa prudencia regulatoria se tacha de “atorón” y se desmantela. Se cambia la lógica de la precaución por la del desembarque masivo.
Los datos son preocupantes. Zacatecas, con proyectos como San Nicolás (1 mil 100 millones de dólares) y la extensión de Camino Rojo, consolida una dependencia monstruosa: casi el 24 por ciento de su producto interno bruto (PIB) depende de una industria voraz en agua y generadora de pasivos ambientales eternos. En Sonora, donde el sector ya aporta más del 22 por ciento del PIB, se anuncia la construcción de El Tigre y se tienen 83 proyectos en exploración y expansión. Este estado, traumatizado por los derrames tóxicos sin remediar, parece condenado a profundizar un modelo que ya ha demostrado su peligrosidad.
En Chihuahua, se habla de 3 mil 600 millones de dólares en proyectos, donde el argumento oficial es que sin minería “sería muy complejo elevar el perfil económico de esas comunidades”. Es el discurso colonial del siglo XXI: presentar la destrucción del territorio y el envenenamiento de los acuíferos como el camino hacia el “desarrollo”, ignorando los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre su tierra y su futuro.
Otros proyectos específicos son una radiografía del problema: La Colorada en Zacatecas y Sonora (Pan American Silver, Heliostar), El Pilar de Grupo México (430 millones de dólares), Cordero en Chihuahua (1 mil 377 millones). Detrás de estos nombres corporativos hay concesiones sobre acuíferos en regiones con estrés hídrico severo; ecosistemas frágiles a punto de ser dinamitados, y comunidades divididas y presionadas por la promesa de empleos efímeros a cambio de un daño permanente.
José Ricardo López, subsecretario de Desarrollo Empresarial de Durango, pide que “la autoridad siga garantizando la certeza jurídica”. Esa certeza, hoy, es exclusiva para el capital. ¿Dónde está la certeza para las comunidades que verán secar sus pozos? ¿Dónde está la certeza ambiental frente a los jales mineros que serán un legado tóxico por siglos? La “reactivación regulatoria” de la que se ufana la Secretaría de Economía federal no viene acompañada de un fortalecimiento paralelo de la vigilancia, la remediación o el respeto a la consulta libre, previa e informada.
México necesita una discusión honesta. El sexenio pasado intentó, con limitaciones, poner frenos a un tren desbocado. Hoy, le han soltado los frenos. Los 11 mil millones de dólares (unos 200 mil millones de pesos) en inversión no son un triunfo, sino la cotización en bolsa de la soberanía ambiental y social mexicana. Se están liberando permisos, pero se está encadenando el futuro de estas regiones a un modelo extractivo que históricamente ha significado riqueza para unos cuantos y desolación para muchos. El verdadero “rezago” no era de trámites, sino de justicia. Y eso sigue sin resolverse.
