Zósimo Camacho
En Monterrey, Nuevo León, una historia que comenzó en la madrugada del 19 de enero de 1998 en el Hospital José A Muguerza, de Christus Health, ha escalado de una tragedia familiar, negligencia médica y corrupción, a un emblemático caso de litigio internacional. El asunto pone a prueba el compromiso del Estado mexicano con la justicia y los derechos humanos. Tiempo de mujeres, se insiste desde la Presidencia de la República, y se advierte que hay diferencia entre quienes hoy llevan las riendas del Poder Ejecutivo federal con respecto de los gobiernos pasados. “No somos los mismos”, se aclara desde el Palacio Nacional.
La 4T, sin embargo, no ha respondido a los requerimientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha formulado sobre el tema. El Estado mexicano no presentó respuesta durante todo el periodo de admisibilidad de cuatro meses, de agosto a diciembre de 2025. La instancia internacional abrió entonces el caso, al que le asignó el número 15.769. Hasta el momento, el gobierno de México ni siquiera ha acusado recibo de la notificación para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Tiene hasta junio, antes del pronunciamiento definitivo de la CIDH.
Johanna Alexandra Fischer Garza, una niña de 12 años, ingresó para una cirugía cerebral menor y salió, semanas después, con daños neurológicos catastróficos tras una serie de negligencias que incluyeron un destete mal manejado del ventilador mecánico y un paro cardiorrespiratorio evitable. Lo que siguió fue una batalla legal de más de dos décadas, liderada por un hombre transformado por el dolor: su abuelo, Alfonso Garza García.
Alfonso no era abogado. Era un hombre formado como Ingeniero Mecánico Electricista y Piloto Aviador. Pero la búsqueda de justicia para su nieta postrada lo llevó a las aulas de la Facultad de Derecho. A los 68 años, se tituló y obtuvo una Maestría en Ciencias con mención honorífica. Destacó como uno de los mejores estudiantes de la universidad.
Armado con este nuevo conocimiento, enfrentó un laberinto jurídico durante más de 15 años, desentrañando personalmente el encubrimiento orquestado en el expediente clínico. Su lucha evidenció que la falsificación de los registros médicos no fue un acto aislado de una enfermera, sino una orden directa del neurocirujano Hernán Campa Núñez y de la anestesióloga Roxana Hoyos Pescador, con el claro objetivo de ocultar el paro cardíaco derivado de su negligencia.
Una operación casi rutinaria significó para Johanna el paso a la incapacidad total. No puede moverse, comunicarse ni valerse por sí misma en ninguna actividad desde entonces. Ni siquiera tiene la posibilidad de deglutir la comida. Es alimentada con papillas. Entonces de 12 años, un hospital le arrebató su futuro. Y luego el Estado encubrió a los perpetradores.
Para exculpar al hospital –fundado por la poderosa familia Muguerza–, se puso en funcionamiento una intrincada red de encubrimiento que incluyó al entonces gobernador Natividad González Parás y su procurador de Justicia, Luis Carlos Treviño Berchelmann, priístas ambos. El propio titular del Poder Ejecutivo prestó su firma para falsificar un documento que atribuía competencias médicas a una enfermera que, en realidad, nunca adquirió. Todo, para que el “nombre” del nosocomio quedara a salvo.
Tras sortear la opacidad del hospital, la dilación de las autoridades locales y la corrupción de los tribunales, la batalla encabezada por los abogados Alfonso Garza García y Encarnación González llegó a su último recurso nacional: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la Presidencia entonces de Norma Lucía Piña Hernández.
El caso se asignó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaboró un proyecto que nunca se presentó y nunca se votó. Fue Norma Piña la que decidió asumir personalmente el asunto.
La esperanza de que el Máximo Tribunal reparara una vida destruida se evaporó con un fallo que privilegió la frialdad procedural sobre la justicia sustantiva. Con mayoría de votos, los ministros dictaron la prescripción de los delitos. No consideraron los argumentos de que la demora fue una estrategia de la defensa del hospital y el gobierno de Nuevo León. Menos repararon en el carácter continuado del delito cometido contra Johanna.
El proyecto, a cargo de Norma Piña, terminó por enterrar judicialmente a la niña. En un acto de profunda insensibilidad, relatado por la familia, Piña Hernández llegó a cuestionar a la madre de la víctima, Alejandra, con palabras que resonaron como un epitafio de la impunidad: “¿Para qué quieres a la enfermera en la cárcel si no te va a pagar ni un pañal?”. Esta sentencia no sólo absolvió a los presuntos responsables médicos, sino que también ignoró por completo las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
Ante el cierre de las puertas nacionales, la familia y la organización de la sociedad civil #MéxicoJusto llevaron el caso a la CIDH. La SCJN, en un último intento por obstruir el camino internacional, entregó a la familia de Johanna un expediente de 16 mil fojas en completo desorden, una estrategia de sabotaje procesal que buscaba hacer inviable su análisis. Sin embargo, la tenacidad de Alfonso Garza García prevaleció.
El abuelo de Johanna, consciente de las triquiñuelas de quienes protegen al Hospital Muguerza, había recopilado minuciosamente durante 15 años copias de un expediente monumental: un triunfo póstumo para el abogado, quien antes de fallecer pudo al menos atestiguar que su lucha no había sido en vano y que el caso de Johanna trascendía las fronteras.
Hoy, el caso se encuentra en una encrucijada crítica. Después de tres años de estudio, la CIDH ha solicitado formalmente al Estado Mexicano que responda por la cadena de delitos y atropellos a los derechos humanos: desde la negligencia médica inicial en un hospital de la red Christus Health-Muguerza –consorcio respaldado por las congregaciones religiosas de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret–, pasando por el encubrimiento, la falsificación de documentos, la dilación maliciosa de la justicia local y la denegación de justicia por parte de la propia SCJN.
Nos encontramos en el tiempo de gracia que tiene el gobierno para responder y llegar a una solución amistosa, evitando que el caso sea llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), donde México podría ser declarado responsable internacionalmente.
Y es aquí donde el compromiso público de la presidenta Claudia Sheinbaum con las mujeres, las niñas y la justicia en México enfrenta una prueba de fuego concreta. La titular del Poder Ejecutivo mexicano ha enmarcado su gobierno bajo la bandera de la justicia social y la protección de los más vulnerables. El caso de Johanna Alexandra, una mujer cuya vida fue arrebatada en su niñez por fallas del sistema y cuya familia ha sido revictimizada por el Estado, es un llamado directo a ese compromiso. El gobierno de México, hasta hoy, sigue sin responder a los requerimientos de la CIDH. Este silencio no es neutral; es una elección que prolonga la injusticia.
Lo que se esperaría de un gobierno que se diferencie del pripanismo es que instruya al mecanismo correspondiente, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para que el Estado Mexicano responda de manera sustantiva, clara y comprometida a la CIDH.
No es un asunto de ganar o ser derrotado. Para el Estado mexicano sería asumir la responsabilidad de corregir una injusticia histórica, dar cumplimiento al derecho internacional y enviar un mensaje inequívoco de lo que vale en el México de hoy la dignidad de una niña.
La impunidad que nació en un quirófano privado y se consagró en un tribunal supremo puede y debe ser desterrada en los foros internacionales por un Estado que dice priorizar los derechos humanos. El reloj de la CIDH corre, y con cada día de silencio, el invierno de Johanna se hace más largo, y la deuda del Estado mexicano, más profunda.
