- Estiman desarrolladores multas ambientales como simple ‘costo de operación’
- Cambia visión tras estrategia de ‘cero tolerancia’ a operaciones ilegales
RODOLFO MONTES
MÉRIDA, YUC.- La Selva Maya, pulmón crítico de la Península de Yucatán, ha pasado de ser un escenario de contemplación a un frente de batalla legal.
Desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intensificó su estrategia de “cero tolerancia” ante los desarrollos industriales y agrícolas que operan bajo la sombra de la ilegalidad.
En los últimos meses, Yucatán se ha convertido en el epicentro de clausuras históricas, donde la autoridad federal ha puesto un freno a la expansión desmedida de empresas que, omitiendo las normativas ambientales, han transformado hectáreas de selva en terrenos baldíos listos para la construcción.
El golpe más reciente ocurrió en el municipio de Hoctún; el pasado 22 de enero, inspectores de la Profepa intervinieron las instalaciones de la granja avícola CRÍO Hoctún, de la empresa Productora Nacional de Huevo. El saldo fue una clausura total temporal de 8.9 hectáreas de terreno.
La diligencia técnica reveló un panorama desolador para el ecosistema local; primero por el desmonte total, la remoción de vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia.
También por la evidencia de maquinaria; troncos y árboles derribados acumulados en los bordes para su secado.
Además, por la infraestructura ilegal, por la construcción de vialidades internas y un camino de acceso de mil 600 metros cuadrados sin permisos de cambio de uso de suelo.
La falta de medidas de mitigación o compensación por parte de la empresa obligó a la Profepa a imponer sellos de clausura, deteniendo lo que pretendía ser una expansión masiva de naves industriales.
La vigilancia en Yucatán no es un evento aislado, sino una persecución sistemática a las malas prácticas.
En el municipio de Kinchil, la Profepa ha mantenido un pulso constante contra la misma empresa (CRÍO), dejando como resultado las siguientes acciones: el 12 de noviembre de 2025 realizó una inspección y clausura por cambio ilegal del suelo en 13.7 hectáreas de vegetación forestal.
En enero del 2026, repuso los sellos luego de detectar la violación de éstos y el uso indebido de maquinaria asegurada, por lo que se tiene en curso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso de Kinchil es emblemático por el nuevo rigor de la Procuraduría: ya no solo se trata de multas administrativas, sino de perseguir delitos penales cuando las empresas desafían los sellos de clausura impuestos por la Federación.
DESARROLLO SUSTENTABLE
Bajo la administración de Sheinbaum, la Profepa ha alineado sus acciones con una visión de desarrollo sustentable que prioriza la conectividad biológica de la Península.
El recuento de acciones en la región destaca tres pilares: primero la atención a la denuncia ciudadana: gran parte de los operativos en Hoctún y Kinchil fueron posibles gracias a la vigilancia de las comunidades locales.
También el combate al cambio de uso de suelo: la Semarnat ha restringido las autorizaciones y la Profepa ha actuado como el brazo ejecutor para detener desmontes que no cuentan con el aval federal.
A esto se vincula la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR): el uso de la fuerza pública y la judicialización de los casos busca enviar un mensaje claro a la industria agropecuaria y desarrolladora.
“No se trata de detener el progreso, sino de asegurar que la riqueza natural de Yucatán no sea el precio del crecimiento industrial”, señalan fuentes cercanas a la Procuraduría.
La batalla por la selva mediana caducifolia de Yucatán continúa; mientras la Profepa mantiene los sellos en Hoctún y Kinchil, el reto persiste en otros municipios donde la presión urbana y agrícola amenaza con fragmentar los corredores biológicos.
La Procuraduría ha reiterado que las inspecciones continuarán “sin distinción de empresas”, buscando que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable sea el marco inamovible para cualquier actividad económica en el sureste mexicano.
El rigor legal de la Profepa, bajo la administración de la presidenta Sheinbaum, ha marcado un cambio de paradigma: la transición de la sanción administrativa al proceso penal.
En Yucatán y el resto de la Península, las empresas que han incurrido en el desmonte ilegal de selva o en la violación de sellos de clausura enfrentan un entramado jurídico que combina multas millonarias, la obligación de restaurar el ecosistema y penas de prisión.
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Código Penal Federal, las empresas responsables de ecocidios en la región enfrentan tres niveles de responsabilidad legal.
Primero, en el ámbito administrativo, las multas por realizar un cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sin autorización de la Semarnat, pueden superar 1.3 millones de pesos por predio afectado.
Sin embargo, el castigo económico es solo el inicio; la ley faculta a la Profepa para exigir la reparación del daño.
Obliga a las infractoras a financiar proyectos de reforestación y monitoreo de la biodiversidad por periodos que pueden extenderse hasta tres años o más, hasta que se recupere la función ecológica del sitio.
ESCENARIO CRÍTICO
El escenario se vuelve crítico cuando existe reincidencia o desacato; en casos como el de Kinchil, donde se detectó el quebrantamiento de sellos oficiales, la disputa legal escala al ámbito penal ante la FGR.
El Código Penal Federal estipula que quien quebrante los sellos puestos por una autoridad pública puede enfrentar penas de dos a siete años de prisión.
Si el infractor es el propietario o responsable de la obra y continúa operando comercialmente a pesar de la clausura, las penas de cárcel se mantienen con el fin de proteger el orden público y la autoridad del estado.
Más allá de los conflictos con el sector avícola, la Profepa ha desplegado operativos de gran escala en los tres estados peninsulares para frenar la expansión de desarrollos inmobiliarios y agrícolas que operan fuera de la norma.
Durante 2025, uno de los operativos más significativos resultó en la clausura de más de 2 mil 600 hectáreas de selva en diversos puntos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
En este despliegue, se aseguraron retroexcavadoras y maquinaria pesada que eran utilizadas para transformar selvas medianas subperennifolias en campos de cultivo agroindustriales.
En el estado de Yucatán, la vigilancia ha sido particularmente férrea en la zona costera y municipios con alta presión inmobiliaria.
En diciembre de 2025, se clausuró el proyecto “Ciudad Maderas Península II” en Chelém por incumplimientos graves en materia de impacto ambiental.
Asimismo, en la zona de Chicxulub Puerto y Chicxulub Pueblo, la autoridad detuvo el relleno ilegal de manglares y la construcción de una pista de motocross que operaba sin permisos forestales.
Otros municipios como Tekax han visto la intervención de la federación en predios de hasta 147 hectáreas donde comunidades menonitas realizaban desmontes masivos sin la debida autorización.
En Quintana Roo y Campeche, las acciones se han concentrado en la protección de humedales y reservas estratégicas.
En el Estero de Chac, municipio de Othón P. Blanco, se desmantelaron palapas, muelles y cabañas construidas ilegalmente sobre zonas de manglar rellenas con sascab.
Por su parte, en Campeche, la Profepa ha intervenido bancos de extracción pétrea ilegales y obras en el municipio de Carmen que carecían del aval de la Semarnat, asegurando el cese de actividades que ponían en riesgo la estabilidad del suelo y los acuíferos de la región.
Esta serie de acciones confirma que la estrategia federal actual no solo busca detener la obra física, sino desmantelar la estructura de impunidad que permitía a las empresas considerar las multas ambientales como un simple “costo de operación”.
La integración de expedientes penales y la exigencia de rehabilitación total del ecosistema señalan un futuro donde el cumplimiento de la ley ambiental es la única vía para el desarrollo en el sureste mexicano.
