José Réyez
Promover la idea de que Estados Unidos podría usar la fuerza militar contra grupos criminales en México, o incluso contra el Estado mexicano, es, en el mejor de los casos, contraproducente y, en el peor, realmente peligroso, advierte experto de la Universidad de Oxford.
Aunque resulte tentador descartar la retórica cada vez más militarista de Estados Unidos sobre los cárteles de la droga en México como fanfarronería, esta postura conlleva riesgos reales, asegura Brian Funacone, doctor en antropología por la Universidad de Oxford y exfuncionario de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En su análisis Palabras peligrosas: la arriesgada retórica de la guerra de Estados Unidos contra cárteles mexicanos, señala que incluso en medio del cansancio de la opinión pública por décadas de “guerras eternas”, los formuladores de políticas estadounidenses no han abandonado del todo la costumbre de considerar el uso de la fuerza como un as bajo la manga para cuando se enfrentan a un desafío de política exterior que de otro modo sería imposible de resolver.
Para el exasesor del gobierno de Estados Unidos sobre cuestiones legales y políticas relacionadas con la lucha contra el terrorismo, el uso de la fuerza militar, y las operaciones militares asociadas, el flujo de drogas hacia Estados Unidos, en particular del fentanilo, reúne las características de tal desafío.
Mientras tanto, aduce que las conversaciones sobre guerra solo servirán para tensar los lazos entre Estados Unidos y México, lo que podría complicar las relaciones económicas entre los dos vecinos y su capacidad para trabajar juntos en la promoción de una migración segura y ordenada y en la lucha contra el crimen transnacional.
Los políticos estadounidenses deben abstenerse de lanzar eslóganes irresponsables, y los líderes políticos y comentaristas, que de otro modo se inclinarían a ignorarlos, deben expresar enérgicamente su rechazo, para evitar que la fantasiosa y destructiva sugerencia de que Estados Unidos pueda llegar a tomar la decisión de provocar un conflicto en su propia frontera sur se vuelva demasiado tangible, subraya el académico.
El experto apunta que en el centro de la postura marcial en el Congreso se encuentra un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes estadounidense.
A principios de 2023, los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, republicanos de Texas y Florida, respectivamente, introdujeron la “Resolución de AUFM (Autorización para el Uso de la Fuerza Militar), sobre la influencia del cartel”.
De ser promulgada, esta ley otorgaría al presidente amplios poderes para iniciar una nueva serie de guerras con redes criminales mexicanas, como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros.
Le permitiría al presidente determinar qué grupos entran en el ámbito de la autorización y, por otra parte, señala nueve grupos existentes, incluidos los dos mencionados anteriormente, que estarán incluidos desde el principio.
Aunque no es una declaración formal de guerra, bien podría serlo: la resolución sería un cheque en blanco para que cualquier administración inicie una guerra contra cualquier entidad o persona que se enmarque en sus especificaciones, sin requerir aprobación adicional del Congreso (o incluso sin notificarlo).
“Suponiendo, por el bien del argumento, que los promotores del proyecto de ley realmente quisieran que la medida se promulgara (una gran suposición), es posible que tengan la intención de que la resolución permanezca en el estante, sin llegar a ser usada, como un símbolo de la seriedad con la que Estados Unidos se toma su política antinarcóticos. Eso sería una apuesta peligrosa”, asegura el experto.
Si bien la autorización propuesta para el uso de la fuerza es única en lo que respecta a posturas temerarias, hay otras maniobras recientes que suscitan inquietudes similares, destaca el analista.
Podría alimentar la sensación de que Estados Unidos tiene una base de legítima defensa en virtud del derecho nacional o internacional para atacar a las organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluso en ausencia de una ley que lo autorice,
La designación como organización terrorista extranjera (OTE) acarrea una serie de consecuencias, incluida la imposición de sanciones financieras y la criminalización del “apoyo material” a las OTE, lo cual se define ampliamente para incluir el suministro de bienes y servicios tangibles e intangibles.
Una designación de este tipo podría tener consecuencias significativas para los civiles mexicanos que viven en zonas controladas por las organizaciones de narcotráfico designadas, dificultando la interacción de las organizaciones de la sociedad civil y otros proveedores de servicios con ellas.
Una intervención militar estadounidense en México sería un error en múltiples niveles, ya que perjudicaría tanto los intereses de Estados Unidos como los de la región e impediría la colaboración de los dos gobiernos para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes de seguridad.
En primer lugar, cualquier intervención estadounidense probablemente tendría que llevarse a cabo sin la cooperación de México.
El gobierno mexicano ha indicado que se opone a una acción militar de Estados Unidos contra los carteles, lo que significa que esas operaciones serían ilegales según el derecho internacional, lo que comprometería cualquier posibilidad que pudieran tener de lograr un éxito operativo.
Una acción unilateral por parte de Washington podría llevar a México a poner fin a la cooperación antidrogas con Estados Unidos.
En segundo lugar, incluso si una intervención de Estados Unidos consistiera en ataques en gran parte simbólicos del tipo que Trump propuso (lo que parece probable dado el costo y la perspectiva de una guerra a gran escala), el riesgo de que resulte contraproducente es enorme.
Brian Funacone considera que es casi seguro que el Estado mexicano tendrá que seguir usando la fuerza durante algún tiempo para controlar la desenfrenada criminalidad en su territorio, pero debe hacerlo como parte de una estrategia calibrada.
Plantea que serán necesarias otras medidas, como la judicialización sistemática de las redes criminales, en particular de los agentes de cuello blanco que ofrecen servicios logísticos y de lavado de dinero en ambos lados de la frontera, y que a menudo también proporcionan acceso crucial a funcionarios estatales deshonestos, garantizando que los negocios criminales sigan siendo rentables.
Así como acabar con su impunidad es esencial para debilitar a los grupos criminales, algo que no se puede lograr sólo con el poderío militar. También es indispensable cambiar las condiciones que hacen que a los grupos delictivos les resulte demasiado fácil encontrar nuevos reclutas.
“A México le vendría bien el apoyo de Estados Unidos en muchos de estos esfuerzos. Los líderes políticos de Estados Unidos, pueden y deben explorar la posibilidad de mejorar la cooperación bilateral con México, así como los esfuerzos multilaterales, incluso con China, una fuente clave de precursores de fentanilo”.
Las posturas de mano dura contra los carteles pueden parecer una buena idea, pero son poco serias y carecen de sentido como política.
Los legisladores, formuladores de políticas y líderes de opinión deben oponerse a estas irresponsables propuestas para evitar que adquieran una legitimidad inmerecida y peligrosa.
