El desistimiento coincide con el anuncio de este día por el SAT, sobre que Grupo Salinas efectuó un primer pago superior a los 10 mil mdp, considerado ‘histórico’.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., empresa perteneciente a Grupo Salinas, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desistirse del amparo directo en revisión 2526/2025, promovido en contra de un crédito fiscal superior a 645 millones de pesos, determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El desistimiento pone fin a una larga batalla legal iniciada en 2017, cuando la autoridad fiscal fincó el adeudo, el cual fue impugnado durante varios años a través de diversos juicios de amparo.
El crédito fiscal fue establecido por el SAT el 6 de septiembre de 2017. Desde entonces, la empresa recurrió a distintos recursos legales para controvertir su pago. Uno de esos juicios fue resuelto en marzo de 2024 por la entonces Segunda Sala de la SCJN, que ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dejar sin efectos una sentencia previa y emitir una nueva en la que se reconociera una deducción por 621 millones de pesos.
En cumplimiento de esa resolución, el TFJA revisó su fallo original; sin embargo, no realizó la cuantificación correspondiente de la deducción ordenada por la Corte. Ante ello, Total Play promovió un nuevo juicio de amparo, el cual le fue negado. Posteriormente, la empresa solicitó que el asunto fuera revisado por la SCJN, recurso del que finalmente decidió desistirse.
El desistimiento coincide con el anuncio realizado este día por el SAT, en el que informó que Grupo Salinas efectuó un primer pago superior a los 10 mil millones de pesos, como parte de un monto total que rebasa los 32 mil millones de pesos en contribuciones fiscales.
Para la autoridad tributaria, este pago representa un hecho sin precedentes y un mensaje contundente en favor del Estado de derecho, al reafirmar el principio de que todas las personas físicas y morales están obligadas a cumplir con sus responsabilidades fiscales, sin importar su tamaño económico o influencia.
El SAT subrayó que el cumplimiento de estas obligaciones fortalece la legalidad, la equidad tributaria y la confianza en las instituciones, al demostrar que el marco jurídico se aplica de manera uniforme para todas y todos los contribuyentes.
Con este desenlace, concluye uno de los litigios fiscales más relevantes de los últimos años, marcado por una prolongada estrategia de defensa judicial y que ahora deriva en un pago que refuerza la política de recaudación y combate a la evasión fiscal impulsada por el Estado mexicano.
