- Jesús Octavio García González, encargado de la administración del órgano electoral, fue representante de empresas vinculadas al grupo que controla la proveeduría de materiales electorales.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó en 2023 por sospechas de lavado de dinero a dos proveedoras de materiales electorales que representaba el actual Director de Administración del INE.
REFORMA publicó este lunes que Jesús Octavio García González, encargado del despacho de administración del órgano electoral desde septiembre, fue representante de las empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf, que durante años han sido parte del grupo que controla la proveeduría de materiales para los comicios.
El 17 de noviembre de 2023, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, emitió el acuerdo 401/2023 para incluir a Zeg y Graf en la lista de personas o empresas bloqueadas para realizar operaciones en el sistema financiero, así como a Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, dueños de Graf, a los que publicaciones periodísticas también han vinculado con Zeg.
“La inclusión a la lista de personas bloqueadas atendió a la solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República para la investigación en contra de diversas personas por la probable participación en la comisión de hechos delictivos que redundan en el menoscabo de la integridad del sistema financiero”, alegó la UIF durante el trámite del amparo de Zeg contra el bloqueo de sus cuentas.
“Es posible determinar que los recursos operados por las personas mencionadas (de Zeg), proceden o representan el producto de actividades ilícitas y estos han ingresado al sistema financiero con el objetivo de ocultar su origen, de ahí la urgencia en incluir a las personas sujetas a análisis en el presente acuerdo, en la lista de personas bloqueadas”, agregó.
Mientras las empresas litigaban contra la UIF, García González trabajaba para ellas.
En marzo de 2024, por ejemplo, García fue el representante de Zeg en las licitaciones de los institutos electorales de Campeche y Morelos para la compra de material para procesos estatales.
En enero de 2025, García González representó a Corporativo Zeg en la licitación del INE para adquirir urnas y mamparas para la elección judicial, contratos de 195 millones de pesos que a fin de cuentas ganó Cajas Graf.
Tanto Zeg y Graf como sus dueños ganaron sus amparos contra la UIF, con base en jurisprudencia de la Suprema Corte, que establecía que los bloqueos de cuentas solo eran válidos si eran resultado de petición expresa de alguna autoridad internacional.
Las sentencias definitivas en estos casos fueron dictadas por diversos tribunales colegiados, hacia mediados de 2024, sin que en ninguna se hubiera hecho algún pronunciamiento sobre la licitud de los recursos manejados por las empresas.
En los amparos, sin embargo, estas argumentaron que no existía carpeta de investigación en la FGR contra las personas bloqueadas por la UIF.
