POR KUKULKÁN
SI LA Constitución de 1917 hablara, pediría amparo. No contra un gobierno en específico, sino contra todos. Porque su mayor tragedia no ha sido la traición ideológica, sino la promiscuidad política. Derecha e izquierda la han reformado con el mismo entusiasmo con el que luego la acusan de estorbar. LOS NÚMEROS no mienten, pero sí exhiben. Más de 800 modificaciones ─concentradas en más de 260 decretos─ han pasado por el cuerpo de la Carta Magna como si fuera quirófano de hospital público: siempre abierta, nunca en reposo. De los 136 artículos originales, apenas una veintena conserva algo parecido a su redacción inicial. El resto ha sido reescrito, remendado o reinterpretado hasta quedar irreconocible. El espíritu revolucionario quedó en la sala de espera.
DURANTE el periodo neoliberal —ese largo intermedio que va de los ochenta a 2018— la Constitución fue tratada como un obstáculo técnico. El diagnóstico era claro: demasiado social, demasiado estatal, demasiado 1917. La solución fue quirúrgica y constante. Se reformó para abrir mercados, privatizar funciones, adelgazar al Estado y blindar decisiones económicas frente a la política. El resultado: centenares de reformas para garantizar que el mercado no fuera molestado por la democracia.
AHÍ NACIERON los órganos autónomos como antídotos contra el “populismo”, se redefinió la propiedad de los recursos naturales y se volvió costumbre convertir derechos sociales en promesas condicionadas al presupuesto. Todo en nombre de la modernización. La Constitución dejó de ser un pacto social y pasó a ser un manual de adaptación al libre mercado.
PERO llegó la Cuarta Transformación y descubrió que ese mismo manual podía usarse… al revés. Y es que si el neoliberalismo reformó la Constitución para achicar al Estado, la 4T decidió reformarla para ensancharlo. Si antes se abrían puertas al capital privado, ahora se colocan candados “estratégicos”. Si antes los derechos sociales eran aspiracionales, ahora se constitucionaliza el gasto. El método es el mismo; el discurso opuesto.
EN MENOS de un sexenio, la 4T impulsó decenas de reformas constitucionales, modificando más de un centenar de artículos. No es poca cosa. Programas sociales elevados a rango constitucional, energía redefinida como asunto de soberanía, litio rescatado de la globalización y Fuerzas Armadas convertidas en multiusos institucionales. Todo cabe en la Constitución, siempre que haya votos suficientes.
LA IRONÍA es evidente: derecha e izquierda han hecho exactamente lo mismo por razones distintas. Ambos han reformado la Constitución no para limitar el poder, sino para ejercerlo sin estorbos. Unos para gobernar con el mercado; otros para gobernar desde el Estado. El texto constitucional, mientras tanto, aguanta.
HOY la Suprema Corte no interpreta principios: administra contradicciones. Cada acción de inconstitucionalidad es el choque de dos reformas hechas en momentos distintos, con ideologías opuestas, pero con la misma lógica instrumental. La Constitución ya no ordena el sistema; lo persigue, con retraso.
El problema no es cuántas veces se ha reformado la Carta Magna, sino para qué. Cuando todo proyecto político necesita su propio ajuste constitucional, el texto deja de ser cimiento y se vuelve coyuntura. La Constitución ya no protege a la sociedad del poder; protege al poder de la sociedad.
En este punto, hablar del “espíritu de 1917” suena casi romántico. Aquel espíritu que hablaba de justicia social, límites al poder y derechos efectivos se diluyó entre reformas técnicas, transitorios estratégicos y mayorías calificadas disciplinadas. Lo que queda es una Constitución hipertrofiada, contradictoria y fatigada.
La víbora lo resume así: no tenemos demasiadas reformas constitucionales; tenemos demasiados gobiernos que no saben gobernar sin reescribirlas. Y mientras el texto siga siendo el comodín político de moda, la Constitución seguirá viva, sí… pero cada vez más irreconocible.
