- El desplazamiento forzado ocurrió luego de que en 2012, un grupo de individuos armados que pertenecen a un grupo criminal irrumpieron en La Laguna.
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CHILPANCINGO, GRO.- Familias desplazadas por la violencia cerraron ayer las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, para impedir el traslado de uno de sus parientes a quien, aseguran, lo están acusando de dos delitos graves que ocurrieron cuando tenía 11 años de edad.
Los manifestantes, quienes desde 2012 fueron desplazados por violencia de la localidad de la Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán, y que ahora viven en las comunidades de Tepango y La Unión, en Ayutla, denunciaron durante la mañana de ayer agentes ministeriales detuvieron a Plutarco Santana Mederos cuando se dirigía a trabajar en una carpintería.
Belén Díaz Pérez señaló que a Plutarco Santana lo acusan de los delitos de secuestro y homicidio en agravio del empresario Homero Montúfar, algo que ocurrió hace más de 15 años en el municipio de Coyuca de Catalán. “Plutarco Santana era un niño, pues tenía once años de edad cuando ocurrieron esos hechos y era imposible que él anduviera con un arma”, dijo Belén Díaz en entrevista.
La mujer dijo que no quieren que Plutarco Santana sea llevado a un reclusorio porque lo pueden matar los mismos internos, como ocurrió con su primo hermano Joel Santana Villa, quien fue detenido en octubre del 2011 también por delitos que no cometió, y en diciembre de ese mismo año fue envenenado en el penal de Iguala.
Por la tarde la Fiscalía liberó a Plutarco Santana. No obstante, fueron notificados que se investigarían a fondo los hechos en Chilpancingo, a lo que se respondió que en todo caso también habrían prescrito los delitos que se les imputan.
“El gobierno tiene la culpa de que estemos lejos de nuestros pueblos porque no pudo detener a la delincuencia allá en la comunidad de la Laguna, y ahora quieren meter a la cárcel a uno de nosotros sin que tenga culpa de nada”, añadió Belén .
Las 20 familias desplazadas por la violencia de la Sierra de Coyuca de Catalán viven en Tepango y La Unión, en casas de madera, techo de lámina de cartón, y desde el 2013 -que es cuando el gobierno las llevó a ese lugar- han denunciado que carecen de servicios públicos y además del acoso de los grupos del crimen organizado.
“Yo no puedo hacer nada, dejen hablar para ver que puedo hacer”, les decía detrás de una ventana un agente de la FGE a los manifestantes.
“Aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario, hasta que nos entreguen a nuestro compañero que fue detenido en forma ilegal, ya que él no cometió ningún delito”, se escuchó la voz de una mujer durante la protesta.
“Plutarco era un niño cuando lo trajimos aquí a vivir en Ayutla y ahora el gobierno lo quiere meter preso”, dijo Belén Díaz.
El desplazamiento forzado de las familias ocurrió luego de que el 28 de noviembre del 2012, un grupo de individuos armados que pertenecen a un grupo criminal irrumpieron en la localidad de La Laguna y asesinaron a balazos a la activista ambientalista Juventina Villa y a su hijo de 10 años, Rey Santana.
En el 2011, Rafael Santana, esposo de Juventina, y otros hermanos de él, fueron asesinados a tiros por el mismo grupo criminal.
A Rafael Santana, el gobierno lo ubicaba como integrante del grupo guerrillero del Ejército Popular del Pueblo Insurgente (ERPI).
“El gobierno, coludido con la delincuencia, han sido responsables de todo lo que nos está pasando”, concluyó Belén Díaz.
A la protesta de las familias desplazadas, se sumaron integrantes de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP).
