- Legisladores del PRI y PAN exigieron políticas públicas para impedir que personas ligadas al crimen organizado ocupen cargos de elección popular.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores del PRI y del PAN demandaron la creación de políticas públicas que garanticen que gobernadores, presidentes municipales y otros cargos de elección popular no sean ocupados por personas involucradas en el crimen organizado.
El diputado priista Emilio Suárez Licona demandó robustecer la fiscalización del dinero que entra a las campañas.
Esto, ante la reforma electoral por venir, a medio año del proceso electoral intermedio, y tras la detención de 25 alcaldes ligado al crimen en los últimos ocho años.
El representante tricolor ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que, de cara a la renovación de 17 gubernaturas y diputaciones, la pretensión de la reforma electoral para disminuir las prerrogativas partidistas sólo abrirá la puerta a más financiamiento del crimen organizado en el proselitismo.
Que los candidatos acepten un gasto proveniente de actividades ilícitas los obligaría a que, una vez en el gobierno, los políticos y funcionarios operen para el crimen.
“Estos espacios de poder, (que) muchas veces dejan las autoridades, se están viendo sustituidos por el crimen organizado; evidentemente busca tener una expresión a través de sus representantes en el ejercicio del poder, en este caso presidentes municipales.
“O llegan a acuerdos con los alcaldes para designar a funcionarios en carteras que a ellos les interesa”, declaró en entrevista.
Suárez Licona rechazó el recorte al financiamiento de instituciones políticas, puesto que en 2024 -resaltó-, el dinero público destinado a las campañas apenas alcanzó 0.8 por ciento.
“A mí se me hace extraordinario, se me hace inconcebible, se me hace temerario e irresponsable que desde el Gobierno de la República se esté impulsando una reforma electoral que lo que va a tener como consecuencia, es que el crimen organizado meta dinero a las campañas políticas”, advirtió.
Ante ese escenario, señaló que el gasto que el país destina para las elecciones es bajo.
“Yo prefiero una democracia cara que una dictadura barata donde el crimen organizado es el que gobierna. Eso no debe caber en México”, reprobó.
Poner candados
En tanto, diputados federales del PAN llamaron a impulsar una cláusula que disuelva el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en caso de que se compruebe que algún gobierno tenga nexos con el crimen organizado.
En vísperas de la renegociación del T-MEC, los diputados enviaron una petición dirigida al canciller Juan Ramón de la Fuente y al Senado que demanda elevar la seguridad de los países y acusa que México incurre actualmente en este escenario.
“Esto elevaría un nivel mayor la seguridad en el país, no pueden llegar inversiones del extranjero si 86 por ciento del territorio nacional está en manos del crimen organizado”.
Así lo expusieron a través de un comunicado el vicecoordinador del blanquiazul en San Lázaro, Federico Döring; el diputado migrante, Raúl Torres; y el coordinador de América del Norte del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca.
Los panistas indicaron que continuarán viajando a Washington para exponer que en México se vive miedo.
