POR KUKULKAN
EN EL COLISEO del arbitraje internacional no hay toga mexicana que valga ni martillo de juez que imponga orden. Ahí mandan cláusulas en inglés, bufetes de mil dólares la hora y fondos de inversión que huelen indemnizaciones como tiburones la sangre. Y en ese ring, la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, tendrá que salir a pelear no con discursos, sino con argumentos quirúrgicos frente a verdaderos consorcios del litigio global.
LOS NÚMEROS no son metáfora: desde 2015 México ha pagado casi 297 millones de dólares en indemnizaciones a inversionistas extranjeros. Y en 2023 fue el país que más arbitrajes inversionista-Estado recibió en el mundo. Más de 50 casos registrados; el 93% interpuestos por empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. No es una escaramuza diplomática: es una tendencia estructural.
EL ESCENARIO principal de esta batalla es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), esa corte adscrita al Banco Mundial donde los Estados se sientan frente a corporaciones que reclaman violaciones al trato justo y equitativo, expropiaciones indirectas o discriminación regulatoria. En otras palabras: cualquier decisión pública que afecte utilidades proyectadas puede convertirse en demanda multimillonaria.
AHÍ ESTÁ el caso de Legacy Vulcan (Calica), que reclama alrededor de 1,900 millones de dólares por la clausura de su cantera en Quintana Roo. Una cifra que por sí sola equivale a presupuestos completos de estados medianos. También figura Silver Bull Resources Inc., que exige 178 millones de dólares por su proyecto minero en Coahuila. Y no olvidemos a Arbor Confections Inc., quereclama 80 millones bajo el paraguas del T-MEC.
EN OTRO expediente ya cerrado, Odyssey Marine Exploration consiguió un laudo por 37.1 millones de dólares tras la negativa ambiental a su proyecto submarino. Sume usted los casos activos en energía vinculados a contratos con Petróleos Mexicanos y las controversias mineras impulsadas por Almaden Minerals Ltd.. El monto en disputa asciende a varios miles de millones de dólares, una cifra que no aparece en el presupuesto anual, pero que flota como espada de Damocles sobre las finanzas públicas.
POR SI FUERA poco, no sólo se ha demandado por actos administrativos sino también por sentencias judiciales. Fondos estadounidenses como Cyrus Capital y Contrarian Capital Partners acusan “denegación de justicia” porque tribunales mexicanos —dicen ellos— favorecieron a empresas nacionales en litigios mercantiles. Es decir, cuando no les gusta el fallo local, se van a Washington o a París a pedir indemnización internacional.
AQUÍ es donde la secretaria Buenrostro ha dicho que el mecanismo se volvió ‘un negocio especulativo’. Y no exagera del todo. El financiamiento de litigios por terceros —fondos que pagan abogados a cambio de un porcentaje del laudo— convirtió el ISDS en una industria paralela. Se invierte en pleitos como quien compra futuros de petróleo. Si el laudo sale favorable, el retorno es jugoso; si no, se diversifica la cartera de demandas.
LA ESCENA parece bíblica: México como David, con su honda reglamentaria, frente a Goliat enfundado en trajes de Savile Row y respaldado por firmas globales de arbitraje. Pero aquí no bastan la resortera ni las piedras. Se requiere estrategia técnica, coordinación interinstitucional y una defensa jurídica que no titubee ante bufetes que facturan lo que un municipio entero en un año.
EL DILEMA es profundo. Los tratados —del viejo TLCAN al T-MEC— abrieron la puerta a este mecanismo para dar certidumbre a la inversión. Sin embargo, académicos han advertido que el ISDS genera un ‘efecto inhibidor’: el miedo a legislar o regular por temor a demandas multimillonarias. Soberanía contra estabilidad jurídica; interés público contra expectativa de ganancias.
BUENROSTRO enfrenta, pues, un reto monumental: defender al Estado sin ahuyentar capitales, cuestionar el abuso sin dinamitar los tratados, y contener una hemorragia potencial de miles de millones de dólares en litigios. No es una batalla ideológica; es contable. Cada laudo perdido se paga con recursos públicos. Cada arbitraje abierto implica abogados, peritos y años de desgaste.
EN EL Nido de Víboras sabemos que las serpientes grandes no se asustan con discursos. Se les enfrenta con técnica, colmillo y sangre fría. En esta arena global no gana quien grita más fuerte, sino quien domina la letra pequeña del tratado. Y en esa letra pequeña —esa que casi nadie lee— se juega buena parte del margen de maniobra del Estado mexicano. David puede ganar. Pero necesitará algo más que un buen rostro.
