- Por una mayoría de siete votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no puede cobrar por los cursos de idiomas que son requisito obligatorio para la titulación.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Por una mayoría de siete votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no puede cobrar por los cursos de idiomas que son requisito obligatorio para la titulación, pues son discriminatorios y vulneran el principio de gratuidad de la educación superior establecido en la Constitución desde 2019.
El proyecto, presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y avalado por el Pleno, sostiene que el cobro de 3 mil pesos vulnera el principio de gratuidad en la educación superior, impacto en la estructura de la carrera, pues es un requisito de titulación obligatorio y puede provocar la discriminación y desigualdad, aunque reconoce la falta de recursos de las universidades.
“Las autoridades universitarias conservan la prerrogativa de solicitar recursos para garantizar la gratuidad en el nivel superior y, en específico, para acceder a los recursos que se resguardan en Fondo Federal generado a partir de la reforma constitucional en materia educativa”, justificó el presidente de la Corte.
El proyecto de Aguilar fue apoyado por Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arístides Guerrero e Irving Espinosa Betanzo. En cambio, los ministros Giovanni Figueroa y Estela Ríos argumentaron que la gratuidad sólo ampara el 100 por ciento de los créditos de las materias y que existen opciones externas gratuitas.
Al frente de quienes rechazaron el cobro estuvo la ministra Lenia Batres, quien argumentó que la Universidad Nacional recibe “recursos públicos suficientes” para absorber todos los costos esenciales de la licenciatura y que ésta era una situación histórica para no dejar en letra muerta la reforma de 2019.
“Para el ejercicio fiscal 2025, la UNAM recibió un presupuesto de 58 mil 85 millones de pesos, del cual el 62 por ciento se destinó a docencia. El gasto estimado por alumno en educación superior asciende a 86 mil 893 pesos al año. Estos datos no son neutros, evidencian que la institución dispone de recursos públicos suficientes para absorber los costos de los componentes esenciales de la licenciatura, sin necesidad de trasladarlos a las y los estudiantes mediante cobros específicos que condicionen la titulación”, argumentó Lenia Batres.
Citó el presupuesto total que ejercerá la UNAM este año, pues las aportaciones del gobierno son, en realidad, de 52 mil 183 millones de pesos y representan un aumento tan sólo de 2.9 por ciento respecto del año pasado, por debajo de la inflación que fue de 3.69 por ciento.
“Yo diría que es una sentencia histórica: por primera vez en nuestro país estamos determinando que la educación superior, ya no sólo por reforma constitucional (de 2019), sino en la práctica sea un derecho real”, sostuvo Batres.
El conflicto inició cuando un estudiante del sistema abierto de la Facultad de Derecho se amparó contra el pago del “Curso de Comprensión de Lectura”, obligatorio para su titulación. La UNAM argumentó que la reforma de 2019 es de aplicación gradual y depende de la disponibilidad presupuestaria. La Corte determinó que la obligatoriedad del idioma lo convierte en un componente esencial que debe ser gratuito.
En 2024, la extinta Segunda Sala de la SCJN argumentó algo parecido al rechazar un proyecto de Batres que establecía, por primera vez, que la educación superior que imparte el Estado debe ser absolutamente gratuita, salvo que las universidades públicas demuestren con pruebas que carecen de recursos.
Una mayoría de ministros entonces confirmó el cobro de un diplomado de titulación, pues consideró que se trataba de cursos adicionales a los de la licenciatura propiamente dicha.
*Con información de Agencia Reforma
