- Samuel García publicó el Decreto 340 en el Periódico Oficial, pero solo con dos de los 26 artículos modificados.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Al quedar orillado a publicar el polémico Decreto 340 que el Congreso estatal aprobó para quitarle atribuciones y facilitar sanciones en su contra, el Gobernador Samuel García finalmente lo incluyó en el Periódico Oficial… pero con solo dos de los 26 artículos modificados desde el 2023.
En febrero de ese año, en medio de una disputa política y legal entre Poderes, la mayoría del PRI y el PAN en el Legislativo aprobó una serie de reformas constitucionales que restringen al Ejecutivo en temas como la elección del Fiscal o funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa; además, establecen disposiciones para poder enjuiciar al Gobernador por corrupción.
También se estableció que los Diputados podrían aprobar el Presupuesto si el Ejecutivo no envía a tiempo el paquete fiscal, y establece candados para prácticas recurrentes del Mandatario emecista, como omitir publicar decretos ya aprobados o retener recursos a los municipios.
Este paquete de reformas se judicializó y en octubre del año pasado circuló un proyecto de sentencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, que declaraba la inconstitucionalidad del Gobernador al omitir la publicación.
“Se declara la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Poder Ejecutivo al no publicar el Decreto 340, aprobado en el Congreso de esa misma entidad”, indica el proyecto de sentencia difundido en el portal de la Corte.
“Se ordena al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León que, en un plazo de 15 días hábiles, por sí o por conducto de sus subordinados jerárquicos, en este caso el Secretario General de Gobierno o la persona responsable del Periódico Oficial de la entidad, publique el Decreto 340”.
Aunque el tema se registró varias veces para su discusión en el Pleno de la Corte, era retirado de último momento.
El pasado 19 de febrero, el Gobernador finalmente publicó el decreto reclamado, pero solo parcialmente.
El documento llevado al Periódico Oficial contiene únicamente las reformas a los Artículos 14 y 26, relacionadas con derechos a la protección patrimonial y a las obligaciones de padres o tutores para reparar daños ocasionados por menores de 12 años, pero omite los 24 artículos restantes que reformaron los Diputados.
Hasta ahora, la Corte no se ha pronunciado respecto a la resolución de la controversia constitucional, y cuál será su postura ante este cumplimiento parcial del Gobierno estatal.
SÓLO LO MÍNIMO
Aunque el Decreto 340 del Congreso local incluye reformas a 26 artículos, el Gobernador sólo público 2 que no afectan las atribuciones del Legislativo:
LO PUBLICADO
– Derecho a la propiedad privada y a la protección del patrimonio
– Padres o tutores de infractores menores de 12 años estarán obligados a reparar daño
Y LO OMITIDO
– Derecho a la salud y protección de personas migrantes
– Derecho de adultos mayores a lugares de convivencia decorosos
– Derecho a la libre decisión sobre número y esparcimiento de hijos
– Derecho al agua de forma suficiente, contínua y equitativa
– Derecho de iniciativa de los ciudadanos
– Restricciones electorales de servidores públicos
– Disposiciones contra el denominado “veto de bolsillo” del Ejecutivo
– Disposiciones para la expedición de reglamentos internos
– Disposiciones para que el Congreso pueda aprobar Presupuesto si en Ejecutivo no lo envía
– Disposiciones para periodos extraordinarios que no dependan del Ejecutivo
– Disposiciones para que el Congreso apruebe funcionarios de segundo nivel en Tesorería
– Disposiciones contra acciones que obstaculicen o retrasen tareas del Congreso
– Retira al Ejecutivo atribuciones respecto al Tribunal de Justicia Administrativa
– Elimina requisito de Carta de No Antecedentes Penales
– Elimina participación del Ejecutivo en designación del Fiscal General
– Disposiciones sobre el Instituto Estatal de Transparencia
– Disposiciones para evitar retención de recursos a los municipios
– Disposiciones de procedencia para que servidores públicos puedan ser enjuiciados
– Disposiciones para proceder penalmente contra el Ejecutivo
