- La Alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno capitalino se responsabilizan mutuamente por la supervisión de una obra en San Antonio Abad 124.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras la Alcaldía Cuauhtémoc aseguró que el Gobierno capitalino ha recortado al personal encargado de realizar inspecciones a obras como la demolición de San Antonio Abad 124, la CDMX insistió en que la demarcación era la encargada de realizar verificaciones a este inmueble.
La Alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, destacó el recorte de personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) adscrito a la demarcación, lo cual ha impedido realizar unas 450 verificaciones debido a la falta de verificadores.
“Empezamos con 12 personas del Invea, hoy tenemos seis. No sólo obras para establecimientos, para chelerías, para fiestas clandestinas, para todas las órdenes que damos de verificación”, dijo.
Detalló que al menos 456 verificaciones están pendientes desde el año pasado porque no hay personal disponible, o vehículos, para revisar quejas por diversas situaciones como ruido,polvo, vibraciones, entre otras.
La Alcaldesa afirmó que los seis verificadores adscritos a la Alcaldía han padecido obstáculos para inspeccionar inmuebles que están enlistados como dañados por el 19S y obtuvieron acuerdos de facilidades administrativas.
“En seis de ellas no nos han dejado verificar. La razón, que porque tienen acuerdo de facilidades, sólo el Gobierno de la Ciudad puede verificar esas obras, sólo ellos”, abundó.
Rojo de la Vega defendió que su Administración no recibió solicitudes para verificar las labores de demolición que se realizaban y que ello era atribución del Gobierno de la Ciudad.
“Cuando no hay quejas vecinales, cuando no hay Suacs (reportes), cuando la gente dice que no está pasando nada, pues nosotros no estamos obligados ni a verificar ni a supervisar”, indicó Rojo de la Vega.
En tanto, el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz, insistió en que si bien la CDMX aprobó facilidades administrativas para demolición del edificio en alto riesgo desde el 19S, la Alcaldía era responsable de autorizar la obra, inspeccionarla y comprobar que cumpliera con requisitos como el plan para derribar la construcción y las medidas de Protección Civil.
El funcionario capitalino afirmó que la empresa deberá asumir responsabilidades según lo que concluya la Fiscalía General de Justicia.
Y aseveró que hay antecedentes de que la Alcaldía verificó otras obras incluidas en el listado de facilidades administrativas tras el 19S y dijo que ello es prueba de que podía hacer lo mismo en otras como la de San Antonio Abad.
“La obra inició el 12 de noviembre de 2025. Según lo que la Alcaldía nos informa. A partir de ese momento debió ejercer por tanto las facultades, las obligaciones que le obliga la Ley”, remarcó Muñoz.
“Es potestad exclusiva de las alcaldías verificar las disposiciones legales y administrativas en materia de construcción y demoliciones”, agregó.
