- Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron en el centro de la capital veracruzana para rechazar una posible reducción de hasta 50 por ciento en sus pensiones, derivada de una iniciativa de reforma constitucional en discusión a nivel federal.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron en el centro de la capital veracruzana para rechazar una posible reducción de hasta 50 por ciento en sus pensiones, derivada de una iniciativa de reforma constitucional en discusión a nivel federal.
La movilización se realizó el martes 24 de marzo en la ciudad de Xalapa, donde los inconformes marcharon desde las oficinas de la empresa en la avenida Allende hacia el Centro Histórico.
El objetivo es visibilizar su rechazo y solicitar la intervención de autoridades estatales y federales.
Durante la protesta, los extrabajadores señalaron que la eventual modificación al artículo 127 de la Constitución establecería un tope a las percepciones de servidores públicos, lo que, en su interpretación, impactaría directamente en sus pensiones al reducirlas hasta en 50 por ciento.
Los manifestantes advirtieron que esta medida afectaría derechos laborales adquiridos tras años de servicio, por lo que consideraron que su aplicación podría contravenir el principio de no retroactividad de la ley.
“No se pueden modificar condiciones ya pactadas, nuestras pensiones son resultado de contratos y aportaciones previas”, expresaron durante la movilización.
Cuestionaron que la propuesta no distinga entre altos mandos y trabajadores técnicos o administrativos, lo que –afirmaron– genera un impacto generalizado sobre jubilados que no necesariamente perciben ingresos elevados.
Los inconformes solicitaron información clara sobre el alcance de la iniciativa y pidieron la apertura de mesas de diálogo con autoridades federales, al considerar que existe incertidumbre y versiones encontradas sobre los efectos reales de la reforma.
También rechazaron la narrativa que, dijeron, los presenta como beneficiarios de “pensiones excesivas”, al señalar que muchos de los montos corresponden a esquemas laborales vigentes en su momento y a trayectorias de décadas dentro del sector eléctrico.
La protesta en Xalapa se inserta en una discusión más amplia sobre la regulación de salarios y pensiones en el sector público, en un contexto de políticas de austeridad y revisión de percepciones en organismos del Estado.
Sin embargo, especialistas han advertido que cualquier modificación en esta materia debe considerar los marcos legales existentes y los derechos adquiridos, con el fin de evitar conflictos laborales y posibles litigios.
El caso refleja tensiones crecientes entre la política de contención del gasto público y la protección de derechos laborales en México.
En particular, pone en el centro del debate la situación de trabajadores jubilados de empresas estatales, cuyos esquemas de retiro responden a condiciones contractuales previas a las reformas recientes.
En entidades como Veracruz, donde la presencia de sectores estratégicos como el energético ha sido históricamente relevante, este tipo de medidas puede tener implicaciones económicas y sociales para cientos de familias que dependen de estos ingresos.
