- Ciudadanos que pertenecen a grupos de atención prioritaria como son los jóvenes, indígenas, personas de la diversidad sexual, adultos mayores y con discapacidad, llegarán al proceso electoral de 2027 sin un marco legislativo local que proteja sus candidaturas.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Ciudadanos que pertenecen a grupos de atención prioritaria como son los jóvenes, indígenas, personas de la diversidad sexual, adultos mayores y con discapacidad, llegarán al proceso electoral de 2027 sin un marco legislativo local que proteja sus candidaturas.
Ante la falta de una ley formal, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) regulará estos espacios mediante acuerdos con los partidos políticos y a través de las llamadas acciones afirmativas aprobadas por su Consejo General.
La consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez informó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo con los representantes de los partidos políticos para construir los lineamientos de postulación.
Explicó que, debido a que la regulación de estas cuotas no se preservó en la reforma federal ni se replicó en el Congreso del Estado, el organismo administrativo normará la materia para dar cumplimiento a los mandatos jurisdiccionales.
Aclaró que las cuotas de inclusión no serán menores a las del proceso electoral de 2024, en atención al principio de progresividad de los derechos humanos.
Detalló que las fórmulas de postulación se mantendrán dentro de las primeras tres posiciones de las planillas para los ayuntamientos, lo que busca garantizar el acceso de las minorías a las regidurías.
El principal reto de las mesas de trabajo radica en definir los requisitos técnicos para acreditar la pertenencia a cada sector y frenar la simulación de candidaturas.
Mientras las fuerzas políticas exigen reglas anticipadas, la autoridad electoral y los colectivos debaten la validez de las constancias; la discusión abarca desde los sellos comunitarios para el sector indígena y documentos del DIF para personas con discapacidad-
Y principalmente la encrucijada jurídica de comprobar la identidad de la comunidad LGBTIQ+ sin vulnerar el derecho a la autodeterminación y la intimidad.
Al respecto, activistas como Wilberth Rosas, representante de la comunidad LGBTIQ+, señalaron que en procesos anteriores se detectaron candidatos que se ostentaron como integrantes de ese sector únicamente para obtener el registro, afectando la representación real de los grupos históricamente discriminados.
Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación.
El proyecto de lineamientos es coordinado por la Unidad de Igualdad y No Discriminación del instituto, encabezada por la consejera Maisie Lorena Contreras Briceño.
Pacheco Pérez reconoció que la discusión técnica será compleja y anticipó posibles impugnaciones.
Sin embargo, enfatizó la urgencia de emitir el acuerdo definitivo para que los partidos políticos preparen sus estructuras con perfiles auténticos y se evite la usurpación de los espacios.
