- El Gobierno pagará 27 mil pesos por tonelada de frijol mediante el Programa Acopio para el Bienestar 2026, muy por encima del precio de mercado de 9 mil pesos.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Con modificaciones decretados al precio del frijol bajo el Programa Acopio para el Bienestar 2026, el Gobierno adquirirá cada tonelada a 27 mil pesos, contra un precio de mercado de 9 mil pesos.
“Esto implica que el Gobierno federal está pagando entre 170 y 200 por ciento por encima del valor de mercado, lo que representa un subsidio implícito de entre 17 mil y 18 mil pesos por tonelada. Esta brecha constituye la principal fuente de riesgo fiscal y comercial asociada al programa”, explicó Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) a través de un análisis.
Según el decreto publicado el 16 de junio, al precio de 27 mil pesos se podría entregar un pago complementario de hasta 11 mil, acorde con la fecha de entrega.
Así, con el subsidio y un acopio de cerca de 240 mil toneladas, el Gobierno tendría que echar mano de hasta 4 mil 500 millones de pesos para los pagos a sobre precio.
“Alimentación para el Bienestar ha anunciado adquisiciones cercanas a 240 mil toneladas, lo que representa alrededor del 24 por ciento de toda la producción nacional. En consecuencia, el Gobierno federal se convierte en uno de los principales participantes del mercado nacional de frijol, con capacidad para influir directamente en la formación de precios y en los flujos comerciales del sector”, acotó el GCMA.
Juan Carlos Anaya, director general del Grupo, destacó que uno de los principales riesgos es que no hay una metodología pública, técnica y verificable que justifique el sobre precio.
“La ausencia de esta metodología introduce opacidad en la toma de decisiones de gasto y dificulta la evaluación objetiva de la medida”, sostuvo.
“Comprar frijol a 27 mil pesos por tonelada y posteriormente venderlo a precios cercanos a 12 mil, 13 mil pesos por tonelada, además de absorber costos logísticos y financieros, implica pérdidas potenciales multimillonarias para el erario público que deben ser evaluadas bajo criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad hacendaria”, apuntó el directivo.
