Zósimo Camacho
Hace tiempo que la corrupción y la ineptitud en la justicia agraria mexicana dejaron de ser rumores. En este espacio hemos dado cuenta de fallos contrarios a la propiedad social de la tierra y favorables a poderosos intereses económicos. Todo, de manera sistemática, lo cual hace pensar, más que en impericia de los togados, en una posición a favor de la disolución de ejidos y comunidades y la privatización de las tierras.
Lo peor es que esta conducta de los funcionarios no sólo parece ser a causa de su posición ideológica. Recordemos que fueron nombrados mayoritariamente durante el pripanismo, con la orientación de imponer el neoliberalismo en el campo mexicano y desbaratar el reparto agrario. También asoma que en sus decisiones probablemente incurrieron en cohecho, es decir, sobornos puros y duros.
Uno de los núcleos agrarios afectados con fallos que se presumen contrarios a derecho es el de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Este ejido enfrenta poderosos intereses tanto de grupos empresariales y financieros como del gobierno de la entidad.
Hace algunos meses dimos cuenta de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra magistrados del Tribunal Superior Agrario y de un tribunal de circuito. Revelamos que su delegación en Nuevo León les citó en calidad de imputados.
Ahora nos enteramos de que al interior de la FGR ha ocurrido una nueva facultad de atracción de la investigación. No será ya la delegación en esa entidad federativa la que esté a cargo de las indagatorias. El pasado 25 de junio, mediante comunicación oficial, la Fiscalía Especializada de Control Competencial informa que se hará cargo de la carpeta FED/NL/ESC/0000893/2025, “ya que se observa que los hechos denunciados, por razón de especialidad, requieren de una investigación de las unidades adscritas a esta Fiscalía”.
No es un movimiento menor. Significa que el caso contra los magistrados del Tribunal Superior Agrario y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito –acusados de operar un sistema de despojo en favor de Scotiabank, empresarios y el gobierno de Nuevo León– ha sido considerado de suficiente gravedad para centralizarlo en la capital del país.
La carpeta, abierta en 2025, ya había dado sus primeros frutos: los citatorios en calidad de imputados a Maribel Concepción Méndez de Lara, Claudia Dinorah Velázquez González, Carmen Laura López Almaraz y Alberto Pérez Gasca, todos magistrados del Tribunal Superior Agrario. También están en la mira Juan Carlos Amaya Gallardo, Miguel Ángel Cantú Cisneros y Jorge Meza Pérez, del Tercer Tribunal Colegiado. La atracción federal es la confirmación de que el asunto trasciende el ámbito local y toca las fibras más sensibles del sistema de justicia.
Pero hay más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha decidido intervenir en lo que respecta al acosado ejido de San Nicolás de los Garza. Ejerció la facultad de atracción respecto del amparo directo A.D. 57/2023, con número de solicitud de facultad de atracción 618/2026. Ese amparo es el mismo que los ejidatarios promovieron después de que la magistrada Méndez de Lara, en el recurso de revisión agraria R.A. 723/2018-20, negara la restitución de las aguas del núcleo agrario –otorgadas por resolución presidencial– bajo el falaz argumento de que el ejido no tenía titularidad de los derechos al agua.
El propio Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey había confesado que no entregó el agua desde 1995 hasta 2015. Pero la magistrada dividió los elementos de la restitución para negarla. En el Tercer Tribunal Colegiado no quisieron ya seguirle el juego y la obligaron a dejar insubsistente su criterio, pero ella volvió a denegar la restitución. Ahora, la Corte ha decidido tomar el asunto. Podría ser la oportunidad de que el máximo tribunal del país envíe una señal de que no está dispuesto a tolerar que la justicia agraria siga siendo un botín de operadores judiciales.
Estos movimientos no son aislados. La FGR tiene abierta otra investigación, la FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ/MEX/0001211/2020, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia. En ella aparecen tres magistrados más: Delfino Ramos Morales, María Antonieta Villegas López y Erika Lissette Reyes Morales, denunciados en 2020 por núcleos agrarios del distrito 23. Ramos Morales renunció, pero las otras dos siguen en funciones.
La FGR atrajo el caso de Nuevo León. La SCJN atrajo el amparo de las aguas. Pero las denuncias de otros núcleos agrarios, como Texcoco y La Garita, siguen esperando. La justicia agraria mexicana se cae a pedazos. La pregunta es si la atracción de estos casos será el inicio de una cirugía mayor, con 19 magistrados de tribunales unitarios agrarios con periodos vencidos, o sólo un maquillaje para que el sistema siga funcionando como hasta ahora.
