- La investigación por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, dio un nuevo giro.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La investigación por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, dio un nuevo giro.
Esto, luego de que un testigo protegido declarara ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, presuntamente ordenó la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora.
La declaración forma parte de los elementos que la Fiscalía presentó al Congreso de Veracruz para solicitar la declaración de procedencia, procedimiento mediante el cual busca retirarle el fuero constitucional al edil y poder investigarlo penalmente por su presunta participación en el caso.
De acuerdo con la documentación entregada por la FGE al Poder Legislativo, el testigo afirmó haber escuchado una conversación entre el alcalde y un presunto líder de un grupo delictivo que opera en el sur del estado.
Según esa declaración ministerial, el edil habría solicitado que la periodista fuera privada de la libertad, presuntamente para impedir la difusión de una fotografía en la que supuestamente aparecía portando un arma larga de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía considera que este testimonio constituye uno de los principales elementos de prueba dentro de la carpeta de investigación.
Sin embargo, es importante precisar que se trata de una imputación en proceso de investigación y no de una resolución judicial, por lo que el alcalde mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
La solicitud de desafuero fue turnada a la Comisión Instructora del Congreso del Estado, instancia que será la encargada de revisar el expediente.
Como parte del procedimiento, Raúl González Martínez, postulado por Movimiento Ciudadano, fue notificado oficialmente y contará con siete días para presentar pruebas y ejercer su derecho de audiencia y defensa.
Una vez concluida esa etapa, la comisión emitirá un dictamen que será sometido a consideración del Pleno del Congreso, donde las y los diputados determinarán si procede retirar la inmunidad procesal al presidente municipal para que enfrente la investigación sin fuero.
Roxana Guzmán fue privada de la libertad el dos de junio de 2026, cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio en el municipio de Nanchital.
El hecho quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales y generó una amplia condena entre organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión.
Tras varias semanas de búsqueda, el tres de julio, la Fiscalía confirmó que los restos humanos localizados en un rancho del municipio de Moloacán correspondían a la comunicadora, luego de realizar estudios periciales y pruebas genéticas.
Hasta el momento, las autoridades han informado la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el caso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, además de otros presuntos integrantes de un grupo criminal que operaría en la región.
La solicitud de desafuero coloca el caso en una nueva fase política y judicial, ya que la decisión del Congreso será determinante para que la Fiscalía pueda proceder penalmente contra el alcalde.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días tanto la Fiscalía como la defensa del edil presenten nuevos elementos sobre uno de los casos de mayor impacto en Veracruz durante este año.
Tanto por la gravedad del crimen como por las implicaciones que tendría la presunta participación de un servidor público en el asesinato de una periodista.
