- Los casos de despojo siguen llegando a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, sumándole presión.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Los casos de despojo siguen llegando a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad, sumándole presión.
Ayer, durante un encuentro entre autoridades y víctimas de este delito, vecinos entregaron 100 asuntos más para su revisión.
“Se captaron más de 100 asuntos el día de hoy. Se informó que a la fecha tienen 300 casos ya solucionados en materia de despojo.
“En lo particular, se nos hace muy poco por la cantidad de carpetas de investigación que existen abiertas”, señaló Arturo Santana, hijo y abogado de Carlota Alfaro, cuyo caso resonó el año pasado luego de que videos la captaran disparando contra un grupo de personas que habían invadido la vivienda de su familia, en Chalco, Estado de México.
La reunión fue uno de los compromisos adoptados por las autoridades tras el bloqueo que colonos realizaron en la Colonia Del Valle la semana pasada, ante el intento de invasión en una vivienda ubicada en Cerrada Matías Romero 18.
Dicha protesta detonó el surgimiento de casos ocurridos en distintas demarcaciones, cuyas víctimas solicitan asesoría y apoyo de las autoridades.
A la reunión ingresaron al menos una docena de habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, mientras que el resto de asistentes -de otras alcaldías- fueron atendidos en un módulo instalado a las afueras del Búnker de la FGJ.
Santana, quien acudió a petición de las víctimas de despojo, explicó que existe disposición de las autoridades para avanzar.
“Hay voluntad, estuvo presente el Secretario de Gobernación, César Cravioto, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, se solicitó de manera formal que en la siguiente mesa acuda el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México porque no ha intervenido en este gabinete.
“Hubo un compromiso por parte del Secretario de Gobernación para incrementar la vigilancia en puntos rojos que se tienen identificados”, indicó, aunque sin detallar cuáles son.
Asimismo, indicó que ya se exploran iniciativas de reforma para la creación de una legislación que permita a las autoridades combatir de manera más eficiente este ilícito.
El año pasado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, impulsó una propuesta, pero esta únicamente implicó un aumento de penas en hasta 22 años por el delito de despojo.
Esto, sin considerar que un informe de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local cuestiona que el endurecimiento de penas no garantiza que se erradiquen las problemáticas ciudadanas.
La próxima reunión se realizará en un mes. Los vecinos subrayaron que para entonces esperan avances; de lo contrario, volverán a las calles.
“Se queda instalada una mesa de trabajo permanente, dentro de un mes se le va a dar seguimiento. Se les va a dar atención a todos y cada uno de los casos (…). Dimos un mes para que esto camine (.), si no, nos vemos en Insurgentes y Eje 6”, señaló una de las vecinas.
