- La demanda contradice el tercer intento del gobierno de preservar la amplia política arancelaria de Trump amparándose en una ley diferente.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
WASHINGTON, EU.- Una coalición de 25 estados liderados por demócratas demandó este lunes a la Administración Trump, argumentando que el presidente excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a productos de 60 socios comerciales de Estados Unidos, reportó la cadena CNBC.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, impugna los aranceles de 10 por ciento o de 12.5 por ciento aplicados a la mayoría de los productos importados de las economías afectadas, que, según los estados, representan en conjunto 99.4 por ciento de las importaciones estadunidenses.
Los estados también alegan que la administración realizó investigaciones apresuradas en 60 economías, omitió las consultas obligatorias específicas para cada país y no explicó por qué eran apropiadas tasas arancelarias casi uniformes para países con políticas de importación de trabajo forzoso muy diferentes.
“No existe ninguna relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados impuestos por la USTR”, de acuerdo con la denuncia.
La demanda contradice el tercer intento del gobierno de preservar la amplia política arancelaria de Trump amparándose en una ley diferente.
Los estados argumentan que el gobierno está utilizando indebidamente la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para reemplazar aranceles previamente rechazados por la Corte Suprema y el tribunal de comercio.
Este caso representa al menos el segundo desafío legal a los nuevos aranceles. Un grupo de pequeñas empresas ya había demandado al gobierno, argumentando de manera similar que Trump no puede usar una nueva autoridad legal para restablecer aranceles que fueron invalidados por la Corte Suprema.
LOS REPUBLICANOS
Desde el Partido Republicano, los defensores de la política arancelaria argumentan que los gravámenes son una herramienta para fortalecer la industria estadunidense, proteger empleos nacionales y reducir la dependencia de las importaciones, especialmente de países con los que Estados Unidos mantiene importantes déficits comerciales.
Sostienen que durante años diversos socios comerciales se beneficiaron de condiciones que consideraban desventajosas para los productores estadounidenses y que los nuevos aranceles buscan corregir ese desequilibrio.
Los republicanos también defienden que los aranceles funcionan como un mecanismo de presión para negociar acuerdos comerciales más favorables.
De acuerdo con esta postura, la posibilidad de imponer o incrementar gravámenes incentiva a otros países a reducir barreras comerciales, abrir sus mercados a productos estadounidenses y aceptar condiciones que beneficien a la economía de Estados Unidos.
Legisladores y funcionarios republicanos rechazan las críticas sobre un posible impacto inflacionario, al señalar que los beneficios de fortalecer la manufactura nacional y atraer nuevas inversiones superarán los costos de corto plazo.
Afirman que la política comercial busca impulsar la relocalización de empresas, fortalecer las cadenas de suministro internas y reducir la vulnerabilidad del país frente a interrupciones del comercio internacional.
En respuesta a las demandas presentadas por estados gobernados por demócratas, los republicanos sostienen que el presidente cuenta con facultades legales para actuar en materia comercial cuando considera que existen riesgos para la seguridad nacional o para la economía del país.
Además, acusan a la Oposición de obstaculizar una estrategia que, aseguran, busca recuperar la competitividad de la industria estadounidense y fortalecer la posición de Estados Unidos en las negociaciones comerciales globales.
* Con información de Agencia Reforma
