POR KUKULKAN
HUBO quienes salieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con cara de funeral. La reforma judicial les había movido el tapete, terminado anticipadamente carreras que parecían escritas para durar años y enviado al retiro a juzgadores que, de pronto, tuvieron que enfrentarse a una tragedia desconocida para buena parte de la burocracia dorada: buscar chamba.
PERO tampoco había que preocuparse tanto. Se fueron con una buena jubilación y resulta que algunos habían dejado abierta la puerta. Y bien aceitada. El caso de la exministra Margarita Ríos Farjat resulta particularmente ilustrativo sobre esas maravillas que tiene el derecho cuando uno sabe interpretar la Constitución con suficiente visión de futuro.
EN ABRIL de 2022, la Suprema Corte discutió una disposición de la Ley Federal de Austeridad Republicana que establecía que determinados servidores públicos de alto nivel debían esperar diez años después de abandonar el gobierno antes de trabajar para empresas que hubieran supervisado, regulado o sobre las cuales poseyeran información privilegiada.
¿DIEZ AÑOS? ¡Qué barbaridad! Imagínese usted el sufrimiento. ¿Cómo pedirle a un alto funcionario que sobreviva una década sin aprovechar inmediatamente en el sector privado todo aquello que aprendió mientras cobraba del sector público? La Corte encontró excesiva la medida. Y hay que precisar algo para no cargarle toda la ponzoña a una sola serpiente: la decisión fue unánime.
LOS ONCE ministros votaron por invalidar aquella prohibición. Entre ellos estaba Ríos Farjat. La finalidad de la norma, reconocieron los propios ministros, era legítima: evitar corrupción, conflictos de interés, utilización de información privilegiada y las famosas puertas giratorias, esas donde alguien entra al gobierno como regulador y sale convertido en flamante asesor de quienes antes regulaba.
PERO diez años les parecieron demasiado. El derecho al trabajo, argumentaron. La proporcionalidad. La libertad profesional. Ya saben: cuando existen buenos abogados, hasta las puertas giratorias tienen derechos humanos. Lo interesante es que Ríos Farjat volvió a sostener ese criterio en enero de 2025, cuando la Corte analizó una disposición semejante de Guerrero.
MESES después terminó su etapa como ministra. Y entonces ocurrió el milagro laboral. Para finales de 2025 o principios de 2026 ya se había incorporado a Holland & Knight, poderosa firma internacional de abogados que posteriormente anunció formalmente su llegada como socia en México. No tuvo que esperar diez años. Ni cinco. Ni uno completo. Bendita jurisprudencia.
POR SUPUESTO, no existe evidencia de que Ríos Farjat haya votado en 2022 pensando: “algún día necesitaré esta puerta”. Eso sería atribuirle una intención que nadie ha demostrado. Pero las víboras somos animales malpensados y tenemos la pésima costumbre de observar las coincidencias. Y esta es deliciosa. Porque Holland & Knight no contrató precisamente a la exministra para organizar la posada.
LA FIRMA presume su experiencia constitucional, fiscal y regulatoria y destaca que puede asesorar en regulación gubernamental, controversias fiscales, arbitraje, asuntos financieros y litigios administrativos. Traducido del elegante idioma corporativo: vale porque conoce al Estado mexicano por dentro. Fue jefa del SAT. Fue ministra de la Suprema Corte. Conoce leyes, criterios, tribunales y mecanismos regulatorios.
Y AHORA ese conocimiento tiene valor privado. Perfectamente legal. Ahí está precisamente el problema. La discusión nunca debió limitarse a sí diez años eran demasiados sino establecer qué barreras debían quedar para evitar que los conocimientos, contactos e información adquiridos desde los cargos más poderosos del Estado se transformaran rápidamente en capital profesional para despachos y corporaciones. La Corte derribó una barrera porque consideró desproporcionada su duración. Muy bien. ¿Y qué quedó en su lugar?
SEGURO existía algún punto intermedio entre prohibir trabajar durante diez años y permitir que alguien atraviese prácticamente de una banqueta. Pero parece que nadie encontró estacionamiento ahí. La reforma judicial terminó expulsando del antiguo edificio del Poder Judicial a ministros, magistrados y jueces que durante meses advirtieron sobre incertidumbre profesional, pérdida de experiencia y carreras truncadas.
ALGUNO seguramente tendrá dificultades. Otros, evidentemente, poseen currículums bastante cotizados. Y eso abre otra pregunta incómoda. ¿Cuántos antiguos integrantes del Poder Judicial terminarán incorporándose a despachos que litigan precisamente asuntos relacionados con instituciones, leyes y criterios que ellos conocieron desde dentro? No hay nada ilegal en buscar trabajo. Tampoco en cobrar bien por conocimiento especializado.
EL PROBLEMA aparece cuando el Estado dedica décadas y millones de pesos a formar funcionarios altamente especializados y, apenas abandonan el escritorio público, ese conocimiento termina disponible para quien pueda pagar las tarifas correspondientes. Ríos Farjat solamente puso el ejemplo sobre la mesa. Y vaya ejemplo.
