Zósimo Camacho
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió el pasado 17 de agosto enviar al Senado las ternas para elegir a los titulares de los Tribunales Unitarios Agrarios que llevan meses -algunos, años- funcionando sin titular. En respuesta a una pregunta formulada por Luces del Siglo en su conferencia de prensa matutina de ese día, la jefa del Ejecutivo también aseguró que enviaría las propuestas de ratificación o sustitución de los magistrados agrarios con períodos vencidos: hay quienes siguen en el cargo luego de 10 años de que concluyeran sus nombramientos. En efecto, están por presentarse ante esa cámara del Poder Legislativo las listas con los perfiles de quienes podrán ser investidos o ratificados.
En México hay 56 Tribunales Unitarios Agrarios. La mitad trabaja sin mucho lustre, ya sea porque sus titulares siguen despachando fuera de periodo o porque sencillamente no hay magistrado titular. Para paliar la crisis, el Pleno del Tribunal Superior Agrario aprobó el Acuerdo General 18/2026 —emitido el 20 de agosto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre pasados—, que reforma el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios para crear un mecanismo excepcional y provisional que permita cubrir las vacantes.
El acuerdo adiciona la fracción XV al artículo 2, los párrafos tercero a sexto al artículo 10, el artículo 157 Bis y el artículo 197 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. Faculta al Pleno para habilitar temporalmente a una persona servidora pública de los Tribunales Agrarios que ocupe una plaza de Titular de Secretaría de Acuerdos, cumpla los requisitos del artículo 12 de la Ley Orgánica, cuente con carrera jurisdiccional y acredite experiencia efectiva en funciones jurisdiccionales, para que se encargue provisionalmente del despacho del Tribunal Unitario Agrario correspondiente. El artículo 157 Bis detalla que la persona habilitada podrá sustanciar procedimientos, presidir audiencias, emitir sentencias y dictar las demás resoluciones que correspondan. Todo con carácter excepcional y provisional, sin que ello implique nombramiento o designación como Titular.
Se trata de una medida que busca mitigar la ausencia de magistrados agrarios, mientras se acumulan los litigios y se intensifica la disputa por las tierras en todo el territorio nacional. El propio acuerdo reconoce la gravedad del diagnóstico. Señala que las ausencias temporales se han cubierto mediante Magistraturas Supernumerarias, pero que no hay las suficientes para cubrir todas las vacantes definitivas. Por ello, se ha recurrido a que titulares de otros tribunales atiendan simultáneamente dos sedes.
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El documento detalla las cargas de trabajo de esas magistraturas: la del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 37 atiende simultáneamente el Distrito 33, con una carga conjunta de 1 mil 88 asuntos; la del 39 se hace cargo del 48, con 1 mil 65 asuntos; la del 45 asume el 02, con 1 mil 135 asuntos; la del 28 se hace cargo del 35, con 1 mil 307 asuntos; la del 30 se responsabiliza del 20, con 1 mil 407 asuntos; y la del Distrito 07 atiende simultáneamente el Distrito 06, con 1 mil 498 asuntos.
El resultado de esa doble carga es catastrófico. Según la información estadística de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, correspondiente al periodo enero-julio de 2026, se registró una disminución del 10.33 por ciento en la emisión de resoluciones y un incremento del 8.14 por ciento en el número de asuntos en trámite. Es decir, hay más expedientes acumulados y menos sentencias dictadas. La doble carga no resuelve el problema: lo agrava. El propio acuerdo admite que la atención simultánea de dos tribunales implica traslados, distribución de la jornada laboral entre dos sedes, y una presencia limitada en cada una, lo que afecta la organización, las audiencias y la atención de los asuntos. Por ello, concluye que es necesario adoptar medidas institucionales excepcionales y provisionales para garantizar la continuidad de la función jurisdiccional, sin sustituir el procedimiento de nombramiento previsto en la Ley Orgánica.
El acuerdo fue aprobado por mayoría de cuatro votos. A favor se pronunciaron Claudia Dinorah Velázquez González, Alberto Pérez Gasca y Guadalupe Espinoza Sauceda. Larisa Ortiz Quintero emitió voto concurrente. Votó en contra Maribel Concepción Méndez de Lara. Dio fe el Secretario General de Acuerdos, Marco Antonio Olallo Lima.
Destaca la oposición de Maribel Concepción Méndez de Lara, citada como imputada en la carpeta FED/NL/ESC/0000893/2025 por presuntas irregularidades en contra del Ejido San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, donde se habrían emitido resoluciones para favorecer a Scotiabank, empresarios y el gobierno estatal. La medida de habilitar a los secretarios de Acuerdos le desarticula la red de influencias construida durante su periodo al frente del Tribunal Superior Agrario.
El problema no es sólo que, junto con otros magistrados bajo investigación, siga en funciones, sino que como parte del grupo político del diputado Ricardo Monreal Ávila tome parecer en la evaluación de los perfiles para definir quiénes se quedan, quiénes se van y quiénes llegan a los tribunales agrarios. En la evaluación de los perfiles participa la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Se le ha tomado parecer al propio coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Los resultados de esta calificación se le presentarán a Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien finalmente presentará la lista a la presidenta de la República para que sea enviada al Senado.
Resultaría preocupante que personajes con interés en las tierras, como los Monreal, influyan en las listas que se presentarán al Senado. Lo mismo, que se consulte a magistradas como Méndez de Lara, investigada por la Fiscalía General de la República, señalada por haber favorecido el despojo de tierras ejidales, responsable de votos particulares para que no se entregaran tierras a comunidades.
La crisis de los tribunales agrarios no es sólo administrativa. Es política. Y la solución que se está cocinando en las oficinas de Gobernación y de la Sedatu tendría que apuntar a la renovación profunda que la justicia agraria mexicana necesita y no un reacomodo de fichas. Lo que han exigido ejidos, comunidades agrarias y colonias agrícolas es el desplazamiento de los grupos que han capturado a los tribunales agrarios. En este espacio hemos dado cuenta de resoluciones favorables a los intereses privados, de sentencias que ignoran pruebas, de magistrados que confunden núcleos agrarios, de fallos contradictorios para beneficiar a extranjeros y empresarios. Todo, cuando ocurre un cambio de manos de la tierra en México, el regreso de los terratenientes: políticos y capitalistas que se apoderan de miles de hectáreas con la complacencia de autoridades agrarias.
¿Llegó el tiempo en que los nuevos nombramientos de los tribunales agrarios respondan a los méritos y no a las cuotas políticas? ¿Y en que la justicia agraria deje de ser un botín? Estamos por saberlo. Miles de núcleos agrarios esperan justicia.
