- Ante el incremento de reportes sobre presuntos cobros de piso, hostigamiento y falsas clausuras contra pequeños comerciantes en zonas periféricas de Mérida, la alcaldesa Cecilia Patrón hizo un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias formales y contribuir a frenar estas prácticas ilegales.
MAR Y SOL CHABLÉ
MÉRIDA, YUC.- Ante el incremento de reportes sobre presuntos cobros de piso, hostigamiento y falsas clausuras contra pequeños comerciantes en zonas periféricas de Mérida, particularmente en el fraccionamiento Ciudad Caucel, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada hizo un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias formales y contribuir a frenar estas prácticas ilegales.
La situación ha generado preocupación luego de que se reportara la presunta operación de redes de extorsión ajenas al gobierno municipal, cuyos integrantes recurrirían a amenazas y supuestos procedimientos administrativos para intimidar a vendedores ambulantes y semifijos.
En los últimos días, comerciantes de Ciudad Caucel y de colonias aledañas, como Xoclán, Juan Pablo II, Bosques del Poniente y Mulsay, denunciaron la presencia de personas que se hicieron pasar por inspectores, colocaron cintas restrictivas y amenazaron con cerrar negocios bajo el argumento de supuestos adeudos municipales.
Al respecto, la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, afirmó que ningún empleado o autoridad del Ayuntamiento de Mérida está involucrado en estas acciones y las calificó como actos de extorsión.
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Por su parte, el diputado local Bayardo Ojeda Marrufo señaló públicamente la presunta operación de una agrupación conocida como “La Concordia” o “Sindicato Concordia”, la cual, de acuerdo con declaraciones y antecedentes expuestos, llevaría años operando mediante el cobro de cuotas y presunto derecho de piso a locatarios y vendedores ambulantes en distintos puntos de la capital yucateca.
Según reportes legislativos y vecinales citados en torno al caso, esta organización presuntamente no sólo exigiría pagos semanales, sino que también habría despojado de mobiliario y mercancía a vendedores que se negaran a realizar los pagos.
Hasta el momento, algunos de los afectados han comenzado a presentar querellas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI), instancias que, de acuerdo con el texto, ya realizan las indagatorias correspondientes para identificar a los presuntos responsables intelectuales y materiales.
Las autoridades municipales y estatales reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos de manera anónima a través del 089 o mediante los números de emergencia. También exhortaron a la población a mantenerse alerta ante cualquier persona que solicite dinero a nombre de supuestas agrupaciones sindicales o de inspección comercial.
