POR KUKULKAN
QUE ALGUIEN explique cómo es que Juan Francisco Vera Ayala llegó tan lejos. Porque antecedentes, lo que se dice antecedentes, no le faltaban. Resulta que el ahora ex delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato terminó fuera del cargo después del espectacular operativo de los casi 59 millones de litros de hidrocarburos que inicialmente fue presentado como un golpe histórico contra el huachicol.
LA HISTORIA parecía diseñada para horario estelar: millones de litros, instalaciones aseguradas y autoridades federales y estatales listas para presumir músculo. Hasta que alguien hizo la incómoda pregunta: ¿Ya comprobaron que todo ese combustible es ilícito? Y entonces comenzó el rechinar de dientes. El propio Omar García Harfuch reconoció el 25 de septiembre que todavía debía revisarse la documentación presentada por las empresas y confirmó que Vera Ayala había sido destituido porque el equipo de la fiscal general encontró “ciertas anomalías” en el operativo.
LA SOSPECHA fue aplastante cuando las autoridades se enteraron que dicho operativo había ocurrido semanas antes de haberse informado, sin haberse verificado del todo. Es decir: primero llegó el anuncio espectacular y después tocó revisar cuidadosamente qué había ocurrido. Vaya método. La FEMDO terminó atrayendo la investigación y ahora deberá determinar qué parte de aquellos 59 millones de litros tiene efectivamente origen ilícito.
MIENTRAS tanto, fuentes de la propia FGR citadas por la prensa nacional señalaron que el combustible no sería “huachicol fiscal”, aunque la investigación continúa. Y aquí es donde aparece el pequeño detalle que convierte el asunto en material digno de este Nido de Víboras. Vera Ayala no llegó ayer al sistema de procuración de justicia. Su nombre aparece relacionado con el caso ‘Duda razonable’, donde tres hombres pasaron años presos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo liso y llano y ordenó su libertad inmediata.
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SOBRE este caso el máximo tribunal del país determinó que se había vulnerado la presunción de inocencia: encontró que se concedieron ventajas indebidas a la fiscalía, se otorgó peso injustificado a sus pruebas y se ignoraron elementos que apuntaban hacia la inocencia de los acusados. Eso no significa que la Suprema Corte haya condenado penalmente a Vera Ayala. No lo hizo.
PERO lo que resulta difícil de ignorar es que su nombre formó parte de aquella historia y que, lejos de desaparecer del aparato de justicia, continuó ocupando responsabilidades importantes. El documentalista Roberto Hernández llegó a pedir públicamente que se investigara la actuación de los funcionarios involucrados en aquellos expedientes, mencionando expresamente a Vera Ayala.
LUEGO vino otro caso en Puebla. En octubre de 2024, Verónica Inés Barbosa fue detenida después de encontrar un teléfono celular e intentar devolverlo. La Fiscalía finalmente decidió no ejercer acción penal contra ella. La mujer denunció tortura y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla abrió una queja de oficio para investigar posibles violaciones a sus derechos. Tampoco existe, hasta donde se ha documentado públicamente, una resolución que responsabilice personalmente a Vera Ayala por esos hechos. Vaya colección de estampitas para un currículum público.
Y AHORA aparece Guanajuato con la incautación de los 59 millones de litros que no sólo salpicaron al delegado, sino que alcanzó a las instituciones que participaron o difundieron el operativo y terminó obligando al Gobierno federal a explicar públicamente por qué la FGR tuvo que revisar un caso que había nacido con dimensiones históricas. El episodio puso sobre la mesa una pregunta mucho más incómoda que el destino de un funcionario: ¿Qué filtros existen para decidir quién ocupa puestos estratégicos de procuración de justicia? Y es que destituir a Vera Ayala resuelve el problema de una oficina, no la podredumbre del sistema.
DESDE luego que las investigaciones tendrán que establecer si las irregularidades detectadas constituyen únicamente faltas administrativas o si existen elementos para responsabilidades de otra naturaleza. La destitución, por sí misma, no equivale a una condena. Pero después de tantos episodios polémicos, sería saludable que esta vez el expediente no terminara archivado junto con la memoria institucional. En este país tenemos una peligrosa afición por castigar los escándalos cambiando funcionarios de silla.
SI ALGO nos han enseñado aquellos 59 millones de litros, es que antes de presumir el tamaño del golpe conviene comprobar que no sea el Gobierno quien termine dándose un balazo en el pie, ya que una cosa es combatir el huachicol… y otra muy distinta hacer combustible con la credibilidad institucional. Tal parece un juego de serpientes y escaleras: en la justicia mexicana, algunos caen… y otros inexplicablemente siempre encuentran otra escalera.
