- La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Economía Digital, que permitirá a Hacienda definir sectores donde los pagos serán exclusivamente digitales.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La expedición de la nueva Ley de Economía Digital -que faculta a la Secretaría de Hacienda a determinar sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos serán exclusivamente digitales- fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.
La propuesta impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum se avaló en lo general y en lo particular tras desecharse todas las reservas, con 327 votos a favor del bloque oficialista y 122 en contra de la Oposición, que advirtió sobre severos riesgos en su implementación.
En tribuna, la diputada emecista Patricia Flores Elizondo manifestó la oposición de su grupo parlamentario a que los consumidores y pequeños comercios absorban el costo de la transición digital.
“Imaginen a doña Lupita, que tiene una tiendita, si esta ley la empuja a cobrar con tarjeta o QR, necesita terminal, internet y adaptar su sistema. Además, el banco le cobrará una comisión por cada venta. En México, las cuotas de intercambio llegan hasta 1.91 por ciento en crédito y 1.15 por ciento en débito. Una tiendita no negocia con el banco, simplemente acepta lo que le cobran. ¿Y adónde va ese costo? A la lechuga, al refresco, a la tortilla. Se le traslada al consumidor”, advirtió.
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La legisladora sostuvo que la nueva ley no tratará igual a los desiguales, pues mientras las grandes cadenas tienen capacidad de negociar tarifas por volumen y respaldo de áreas jurídicas, los pequeños comercios carecen de esas ventajas.
Flores Elizondo demandó establecer de forma explícita que los costos de terminales, códigos QR, conectividad y adaptación para micro y pequeños negocios sean asumidos por el Estado. Asimismo, solicitó crear un fondo para infraestructura en municipios pequeños y prohibir expresamente el traslado de comisiones bancarias al consumidor final.
Por su parte, el panista Homero Niño de Rivera calificó la iniciativa de autoritaria, arrogante y prepotente, argumentando que otorga a Hacienda facultades para definir de manera discrecional las actividades donde el pago digital será obligatorio.
El diputado señaló que la dependencia tomará estas decisiones sin criterios claros en la ley, lo que genera incertidumbre para las familias y las micro y pequeñas empresas, que además no contarán con herramientas de defensa ante eventuales abusos o arbitrariedades.
Añadió que los sectores se definirán “desde un escritorio” y sin consultar a los involucrados, con un plazo de apenas 15 días hábiles para emitir las determinaciones iniciales y con la potestad de ampliarlas en cualquier momento.
“Lo que pretenden que votemos es otorgar manga ancha a la Secretaría de Hacienda para que, sin criterios definidos, decida en cualquier momento ampliar y definir cuáles son estos sectores estratégicos y actividades relevantes; por supuesto, es una locura […].
“Consideramos que (la reforma) es autoritaria, prepotente, arrogante y discrecional, y es obvio que no podemos acompañar una propuesta que los retrata como los autoritarios salvajes que son”, expresó.
El priista Emilio Suárez advirtió que la norma profundizará la brecha digital, ya que su éxito dependerá de la infraestructura tecnológica preexistente, sin plantear mecanismos para garantizar un acceso equitativo.
Sostuvo también que la legislación no resolverá la informalidad laboral -que actualmente alcanza al 55 por ciento de la población económicamente activa-, ni contempla salvaguardas contra fraudes digitales o para la custodia de los datos personales en manos del Estado.
“No voy a omitir mencionar que con este dictamen se perfila una concentración de información financiera personal en manos del Gobierno, sumándose a otras reformas impulsadas desde el oficialismo con las cuales se vigila, se censura y se controla”, enfatizó.
En contraste, el morenista Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió el dictamen argumentando que busca aprovechar las ventajas de la innovación tecnológica y el ahorro de recursos públicos y privados. Señaló que la iniciativa promueve una transición gradual con mayor seguridad, menores costos de transacción y mejores herramientas de fiscalización y recaudación.
“Se establece que, en la contratación digital de servicios financieros, la CURP digital será aceptada como un mecanismo de autenticación confiable y oficial para las personas usuarias. Asimismo, se propone la creación de un Expediente Digital Ciudadano para consultar y gestionar documentos e información con la misma validez jurídica que los soportes físicos”, puntualizó.
