- El supuesto pacto sería para proceder contra el exfiscal César Jáuregui, detenido por su presunta participación en un operativo con agentes de la CIA.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum negó que exista un pacto político con la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, para proceder contra el exfiscal César Jáuregui.
El exfuncionario estatal está detenido por su presunta participación en un operativo con agentes estadounidenses de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés), que carecían de autorización para actuar en México.
La mandataria rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo que incluiría una embajada para la gobernadora panista y sostuvo que las investigaciones contra el exfuncionario corresponden a las fiscalías, no a decisiones políticas.
“Primero, para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”, afirmó.
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Sheinbaum Pardo explicó que la investigación federal comenzó después de que dos agentes del gobierno de Estados Unidos murieron en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara, tras participar con autoridades de Chihuahua en una incursión relacionada con un presunto laboratorio de metanfetaminas.
La presidenta aseguró que los agentes extranjeros no contaban con el permiso requerido para intervenir en territorio mexicano y cuestionó que la fiscalía estatal participara en una operación para la cual, sostuvo, carecía de atribuciones.
“Primero, no desmantelaron ningún laboratorio. Segundo, no tenía atribuciones o no tiene atribuciones una fiscalía estatal para desmantelar un laboratorio. Solamente la Fiscalía General de la República tiene esas atribuciones”, señaló.
Igualmente, dijo que las autoridades federales revisaron las condiciones de ingreso de los agentes estadounidenses y encontraron que habían entrado al país bajo consideraciones distintas de las necesarias para participar en este tipo de actividades.
Agregó que la FGR inició una investigación sobre la presencia de personal extranjero en el operativo y llamó a declarar a funcionarios de Chihuahua para determinar posibles responsabilidades.
“A partir de ahí, la Fiscalía General de la República inició una investigación de por qué había la presencia de agentes estadounidenses en un operativo y empiezan la investigación. Por supuesto que llama a declarar a autoridades de Chihuahua”, explicó.
César Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por autoridades estatales, que le imputan presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
La FGR ejecutó una orden de aprehensión por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la investigación federal comprendió más de 100 actos y atribuyó al exfiscal haber permitido la intervención de agentes extranjeros sin la autorización correspondiente.
Claudia Sheinbaum sostuvo que las pruebas contra Jáuregui deberán presentarse ante un juez y que corresponde a la fiscalía determinar hasta dónde llegan las responsabilidades.
“La fiscalía investiga hasta donde hay pruebas, porque hay un sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse una prueba para pedir una orden de cateo, de lo que dependa del delito, a un juez”, indicó.
Al ser cuestionada sobre la posible responsabilidad de Campos como superior jerárquica del exfiscal, la presidenta rechazó anticipar conclusiones y señaló que cualquier investigación debe sustentarse en pruebas.
“No depende de mí exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal, sino de la propia investigación”, sostuvo.
La mandataria señaló que la audiencia federal de César Jáuregui estaba prevista para este martes y que en ella la FGR tendría que presentar los elementos que sustentan su acusación.
También consideró que la actuación atribuida al exfiscal es distinta de las declaraciones de dirigentes opositores que han solicitado acciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, pues en esos casos se trata de expresiones políticas que, desde su punto de vista, no deben judicializarse.
