- Un tribunal federal determinó mantener el proceso judicial contra Luis Cárdenas Palomino por su presunta participación en el operativo de tráfico de armas “Rápido y Furioso”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal rechazó en última instancia cancelar el juicio iniciado a Luis Cárdenas Palomino por el caso de la operación encubierta de tráfico de armas “Rápido y Furioso”.
Por unanimidad, el Quinto Tribunal Colegiado de Mexicali, Baja California, le negó en definitiva el amparo en revisión contra la reapertura de su proceso por el delito de omisión de impedir la introducción al País de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército.
Los magistrados Miguel Ávalos Cornejo, Priscilla Velásquez Placencia y Lorenia Molina Zavala confirmaron la sentencia del 26 de septiembre de 2025, dictada originalmente por el Tribunal Colegiado de Apelación de Tijuana, Baja California.
Con esta resolución, el ex jefe de Inteligencia de la extinta Policía Federal agotó las vías legales para frenar el juicio por este ilícito, el cual contempla penas de 7 a 30 años de prisión.
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Cárdenas Palomino había librado este proceso a principios de 2024. El 20 de enero de ese año, la juez noveno de Distrito en Sonora, Karina Almada, le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la resolución y el 30 de mayo de 2025 el Tribunal Colegiado de Apelación de Hermosillo revirtió el fallo y ordenó el auto de formal prisión al considerar que existen indicios suficientes de su presunta responsabilidad.
El ex colaborador de Genaro García Luna promovió un amparo indirecto contra dicha reapertura ante el Tribunal de Apelación de Tijuana, instancia que le negó la protección; tras inconformarse mediante recurso de revisión, el Quinto Tribunal Colegiado de Mexicali ratificó el fallo en forma unánime y definitiva.
Entre 2007 y 2011, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) implementó la operación “Rápido y Furioso”, consistente en tolerar el trasiego deliberado de armas a México equipadas con localizadores satelitales para rastrear a los compradores.
De acuerdo con reportes del Congreso estadounidense, la ATF vigiló la entrada de más de 2 mil armas de fuego durante ese lapso.
La FGR sostiene que varias de ellas terminaron en manos de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y de La Familia Michoacana.
