- La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal quedó en una mera declaración de buenas intenciones.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal (CPF) quedó en una mera declaración de buenas intenciones.
A tres años de que la Primera Sala de la Corte concedió un amparo para derogar los artículos que penalizan el aborto, el Congreso de la Unión sigue sin acatar la orden, y ni diputados o senadores han enfrentado consecuencias por ello.
Más aún, la Cámara de Diputados informó recientemente a la Jueza federal que supervisa el cumplimiento del amparo, que el tema quedó “prorrogado” hasta que termine la actual Legislatura, es decir, hasta agosto de 2027.
La no derogación implica que el aborto voluntario sigue siendo un delito si se practica en instalaciones federales; de hecho, casi todos los centros de salud pública del País califican como tales, salvo los de ocho estados que no se han incorporado al IMSS Bienestar y mantienen su propio sistema para personas no afiliadas al IMSS o ISSSTE.
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Cuando la Corte aprobó este fallo el 6 de septiembre de 2023, por tres votos contra dos, el tema fue motivo de cobertura de medios internacionales, como The New York Times, que describió a México como “ejemplo de un País líder de América Latina para ampliar el derecho al aborto”.
Pero en realidad, la sentencia tenía un problema de origen, al derivar de un amparo que requiere ejecución posterior por parte de un Juez, y no de una acción de inconstitucionalidad, que es la que permite a la Corte anular directamente una ley.
Desde enero de 2024, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México ha requerido seis veces el cumplimiento del amparo, pero no ha abierto un incidente de inejecución de sentencia.
Este último, de llegar a sus últimas consecuencias, en teoría podría llevar a que la Corte ordene la destitución y consignación penal de los funcionarios, lo que en la realidad es prácticamente inconcebible tratándose de diputados y senadores.
El efecto expansivo del amparo, que parecía exceder los límites que para estas sentencias fijaba el artículo 107 de la Constitución, sólo fue aprobado por los ahora Ministros en retiro Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar.
Margarita Ríos-Farjat y Jorge Pardo no estuvieron de acuerdo con estos efectos para el amparo promovido por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Más allá del desacato del Congreso, nada impide a la Presidenta Claudia Sheinbaum presentar una iniciativa para derogar los artículos mencionados y establecer nueva regulación federal sobre el tema.
SENTENCIA INÚTIL
La sentencia ordena derogar los artículos 331 y 332 del Código Penal Federal, así como porciones del 330, 333 y 334, que sancionan el aborto voluntario y han permanecido sin cambios desde 1931.
También sugiere que el aborto debe ser legal sólo en las primeras doce semanas del embarazo, como ya está permitido en varios estados, y como estableció el Pleno de la Corte en el fallo de septiembre de 2021 sobre la ley de Coahuila, donde por primera vez declaró inconstitucional la penalización.
Para la mujer que aborta voluntariamente, la pena es de seis meses a un año de prisión, siempre y cuando “no tenga mala fama”, “haya logrado ocultar su embarazo” y “que éste sea fruto de una unión ilegítima”, pues si no concurren dichas circunstancias, la sanción es de uno a cinco años.
