- Por unanimidad, la Suprema Corte concedió un amparo a una mujer cuyo hijo fue trasladado al domicilio paterno con base en una denuncia de violencia familiar, que para los ministros y ministras no fue suficiente para justificar el cambio de residencia de un menor.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad conceder un amparo a una madre cuyo hijo fue separado de su domicilio habitual y trasladado a vivir con su padre, después de que éste presentó una carpeta de investigación por presunta violencia familiar.
Al resolver el amparo en revisión 85/2026, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, los nueve integrantes del máximo tribunal determinaron que una denuncia penal no constituye, por sí misma, prueba suficiente para acreditar hechos de violencia ni para justificar una modificación de la residencia de un menor sin una valoración judicial integral.
La resolución establece que el niño deberá ser reintegrado progresivamente al domicilio materno, mediante un programa supervisado por especialistas y autoridades judiciales, en un plazo máximo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia.
El conflicto se originó después de un proceso de divorcio en el que los progenitores acordaron ejercer la guarda y custodia compartida de su hijo, estableciendo como residencia habitual el domicilio de la madre. Posteriormente, ambos presentaron denuncias que dieron lugar a carpetas de investigación y medidas de protección.
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El padre exhibió ante un juez familiar una carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia y con base en estos antecedentes, la autoridad judicial ordenó modificar la residencia del niño para que viviera con él.
Aunque la resolución fue impugnada, el cambio de domicilio se mantuvo. La madre promovió un juicio de amparo, pero una jueza federal le negó inicialmente la protección constitucional al considerar que la medida estaba respaldada por las actuaciones de la investigación penal.
Inconforme, la mujer presentó un recurso de revisión que finalmente llegó a la Suprema Corte, donde la ministra Yasmín Esquivel Mossa desarrolló un proyecto de sentencia señalando que las autoridades habían omitido analizar adecuadamente el contenido de las carpetas de investigación para determinar si los hechos denunciados representaban realmente un riesgo real para la integridad del menor.
De acuerdo con la ponente, los antecedentes exhibidos por el padre se referían principalmente a diferencias entre los progenitores sobre las actividades del niño y a un incidente entre el padre y un familiar de la madre.
Sin embargo, el expediente no contenía elementos suficientes para acreditar que la mujer hubiera ejercido violencia directa contra su hijo o que su permanencia en el domicilio materno representara un peligro real e inminente.
La ministra explicó que las actuaciones penales pueden alertar a los jueces familiares sobre posibles situaciones de riesgo, pero no acreditan automáticamente la veracidad de los hechos denunciados.
En consecuencia, las autoridades deben examinar todas las pruebas disponibles, valorar el contexto familiar y justificar cualquier decisión que afecte la convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores.
En sus argumentaciones, la ministra Yasmín Esquivel explicó que el menor llevaba aproximadamente dos años viviendo con su padre, por lo que ordenar un traslado inmediato podría generar nuevas afectaciones emocionales.
Por lo tanto, en lugar de un cambio abrupto, el proyecto aprobado dispone que un perito oficial diseñe un programa individualizado de reintegración, con etapas, objetivos verificables, fechas de evaluación y mecanismos de seguimiento.
El proceso deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la notificación de la ejecutoria, bajo supervisión judicial. Durante ese periodo deberán establecerse medidas que favorezcan la convivencia entre la madre y su hijo, así como condiciones que garanticen su estabilidad psicológica y emocional.
Una vez concluido el proceso de reintegración, deberá restablecerse el cumplimiento del convenio de guarda y custodia celebrado originalmente por los progenitores, conforme a los términos de la resolución.
